La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València está juzgando esta semana a diez acusados, entre ellos dos guardias civiles -uno destinado en el Resguardo Fiscal del puerto de València y el otro ya retirado cuando se cometieron los hechos-, por una trama de tráfico de drogas a gran escala en la que trataron de introducir en el país a través del puerto valenciano unos 380 kilos de cocaína en tres envíos. El primero de ellos fue incautado antes incluso de partir hacia su destino en el puerto de Panamá. Se trataba de un gancho perdido de 142 kilos de coca en un cargamento legal de fríjoles. El segundo se extravió en el trayecto de València a Houston al ir la droga -40 kilos- adosada al casco del barco y no poder rescatarla a tiempo los buzos de la organización como así tenían planeado. Y el tercer alijo, de 200 kilos fue intervenido en enero de 2017 en un contenedor procedente de Perú al llegar a la capital del Túria.
El Ministerio Fiscal solicita para los procesados penas que suman los 132 años de cárcel por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Para el presunto cabecilla de la trama, Wilson Javier S. C., de 56 años y nacionalidad colombiana, pide 25 años y once meses de prisión. Asimismo, el guardia civil todavía en activo se enfrenta a 17 años de cárcel por facilitar presuntamente «la información necesaria a la organización para evitar la actuación e investigaciones policiales sobre los cargamentos de droga que pretendían introducir a través del puerto, a cambio de dinero».
Emilio M. S., de 57 años, sigue defendiendo su inocencia en el juicio y ha negado cualquier participación con las actividades delictivas de la dicha trama. Por su parte, el otro agente del Instituto Armado, que estaba destinado en el GRS y ya estaba retirado cuando fue detenido, sí confesó su implicación. En su caso se enfrenta a 12 años de prisión, aunque tras el reconocimiento de hechos se espera que se le rebaje considerablemente la pena.
De hecho, exceptuando el guardia en activo y un empresario acusado de utilizar su negocio para blanquear presuntamente el dinero procedente del narcotráfico, los otros ocho acusados admitieron durante la primera sesión del juicio, celebrada el pasado lunes en la Sala Tirant, su responsabilidad en busca de un preacuerdo de conformidad para reducir las penas solicitadas inicialmente por el fiscal Antidroga de València.
El primer alijo que se les imputa no llegó siquiera a salir de Panamá al ser intervenido por las autoridades de dicho país en agosto de 2016. Tras este primer fiasco, el segundo intento de la organización de introducir droga a través del puerto de València tampoco resultó exitoso. En esta ocasión la droga iba mediante el sistema conocido como «bala», en un depósito cilíndrico con forma de torpedo adosado al casco del barco. Aunque lo tenían todo listo para el rescate de la mercancía -uno de los buzos iba a ser el agente jubilado-, «por problemas climatológicos y de ubicación del buque en el puerto, los procesados no pudieron llevar a cabo la extracción de la droga».
Reconocimiento del terreno
El presunto cabecilla de la organización criminal, defendido por el letrado Jorge García-Gasco, aseguraba a los traficantes que le suministraban la droga desde Sudamérica que contaba «con una infraestructura de seguridad en el puerto de València, por la que los contenedores donde iría la sustancia ilícita no serían sometidos a control o vigilancia». De hecho, como «garantía de este servicio ofrecido por Wilson» tenía dentro de su estructura delictiva a dos agentes de la Guardia Civil, los dos procesados.
Además de los terminales de telefonía que él mismo les suministró, utilizaba presuntamente a su mujer y a la esposa de uno de los guardias, también acusadas, para transmitir la información. Ésta incluía horarios y cuadrantes del propio agente, así como la relación de contenedores que la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) del puerto tuviera previsto examinar.
Para que los traficantes pudieran cerciorarse de la fiabilidad de la estructura con la que contaba en el puerto valenciano, el principal encausado organizó un recorrido por las instalaciones portuarias a uno de los narcotraficantes, en el que los dos guardias fueron los encargados de acompañarlo en esta peculiar visita guiada para 'narcos'.
