La sección quinta de la Audiencia Provincial de València ha condenado a dos psicólogos de Xàtiva a penas de tres años y medio de cárcel a cada uno de ellos y a devolver al centro médico de conductores de Xàtiva para el que trabajaban un total de 79.161 y 139.555 euros de los que se apropiaron indebidamente durante los diez años, de 2003 a 2013, en los que desviaron parte la recaudación de las revisiones médicas para obtener o renovar el carnet de conducir y se la quedaron. Contra la sentencia, a la que tuvo acceso ayer este diario, cabe recurso. La juez condena también a los acusados a indemnizar al centro médico con la cantidad de 44.316 euros ya que su conducta delictiva derivó en una inspección de Hacienda en la que se detectó el fraude y de cuya multa tuvo que responder el dueño del mismo.
La sentencia dice que los dos acusados, Andrea Mª M. B. y Juan Ramón A. P., «desde el año 2003 hasta diciembre de 2013, puestos de previo acuerdo, con ánimo de lucro y con la intención de obtener un beneficio patrimonial que no les correspondía, mantuvieron ocultos de la propiedad [Centro de Reconocimientos Psicomédicos, SL] muchos de los certificados que semanalmente efectuaban y se apoderaron del dinero», añade.
«Para engañar a la propiedad del centro y hacer ver que habían realizado menos certificados de los que realmente hicieron, utilizaron dos métodos de engaño: el primero consistía en entregar a la propiedad menos recibos que los que efectivamente habían cobrado a los clientes, y ello fue posible porque los acusados, como directores del mismo, eran los encargados de entregar, al finalizar la semana, el extracto de los recibos cobrados», añade. «El segundo instrumento que utilizaron los acusados para engañar a la propiedad del centro consistía en alterar los expedientes médicos efectuados y que guardaban en el programa informático, de tal manera que hacían aparecer menos de los realmente realizados. Lo hacían —aclara la sentencia— utilizando expedientes antiguos y alterando la filiación de los nuevos».
Las investigaciones del juzgado han permitido establecer que el número de certificados que los acusados ocultaron a la propiedad del centro alcanza un total de 5.262 expedientes, «y ello ha causado [al Centro de Reconocimiento] un perjuicio económico» cifrado en 79.161 euros por parte de J. R. A. P. y de 139.555 euros por parte de A. M. M. B. Además, dado que la propiedad «desconocía la maniobra fraudulenta llevada a cabo por los acusados, declaraba a la Agencia Tributaria menos expedientes de los realmente realizados», lo que dio lugar a una inspección de Hacienda que derivó en un expediente sancionador por los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 por la que tuvo que afrontar una multa de 44.316 euros.
Jurisprudencia del Supremo
La sentencia, que se basa en diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo, subraya que los hechos juzgados «son constitutivos de delito continuado de apropiación indebida» y recalca que los dos acusados «lograron apoderarse del dinero ya que nadie de la empresa controlaba su trabajo». Y viene a resumir que se trata de un modus operandi totalmente organizado y no de hechos aislados, puesto que se llevó cabo durante diez años, dice el texto.
