Este domingo se cumplen dos años del doble asesinato de un niño de 3 años y medio y una bebé de apenas cinco meses supuestamente a manos de sus padres, de 25 y 27 años, en un chalet que habían ocupado en Godella.

Los hechos, que serán juzgados por un Tribunal del Jurado a partir del 31 de mayo, se produjeron el 14 de marzo de 2019, cuando primero se dio por desaparecidos a los menores y después fueron hallados muertos y enterrados cerca de la vivienda; el hallazgo se produjo 9 horas después de que la madre, que fue hallada desnuda y oculta en un bidón, confesase su ubicación.

Los cuerpos fueron enterrados en dos fosas, una a unos 75 metros de la vivienda que ocupaba la familia de forma ilegal, y el otro a unos 150 metros, en el suelo.

En los días posteriores, la madre fue objeto de varios análisis médicos para tratar de determinar si sufre alguna enfermedad mental. Al menos dos informes psiquiátricos han determinado que sufre esquizofrenia paranoide.

En el informe remitido al juzgado por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil se constata el hallazgo de sangre del hijo mayor en el bordillo de la piscina y en la chaqueta que vestía la madre cuando ambos fueron asesinados, presumiblemente a golpes con un objeto contundente. Los especialistas no descartan que fuese contra el borde de la piscina donde el niño recibió los golpes que acabaron con su vida.

El informe no menciona el hallazgo de sangre de los menores en las ropas del padre, que se encuentra en prisión preventiva.

El fiscal cree que en el momento de cometer el crimen la madre «padecía una esquizofrenia de tipo paranoide, que se encontraba en fase de brote agudo, y que anulaba las bases psicobiológicas de su imputabilidad (inteligencia y voluntad)».

Los hechos descritos son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de dos delitos de asesinato, de los que son autores materiales los padres de los menores, con la agravante de parentesco pero, en el caso de la madre, con la eximente completa de anomalía psíquica. Por ello, pide pena de prisión (de 50 años, 25 por cada delito) para el padre, mientras que para la madre reclama el internamiento en un centro especializado, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV.

Siempre según el escrito de calificación del fiscal, entre febrero y marzo de 2017 se instalaron en una casa de campo de Godella, que «arreglaron hasta hacerla habitable» pero «sin consentimiento de su titular». Fruto de la relación de los acusados nacieron dos hijos, el primero en noviembre de 2015 y la segunda en septiembre de 2018.

Creencias esotéricas

El fiscal cree que ambos creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante los baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte. Durante los meses iniciales de 2019 esas creencias se vieron incrementadas por dos acontecimientos: el ser denunciados por la ocupación ilegal de la vivienda que ocupaban y el hecho de que la madre de María estuviese pendiente de ellos «por el temor de que algo pudiese sucederle a sus nietos».

«Los acusados, impulsados por sus creencias, tomaron la determinación, que Gabriel inculcó a María, de que la única forma de proteger a sus hijos del asedio del que eran objeto era, previo baño purificador de sus almas, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir», detalla el fiscal.

A esta tesis se opone la defensa del padre, que insiste en la necesidad de determinar «quién fue el autor material de los hechos» y cuestiona la capacidad de Gabriel para «convencerla de que mate a sus hijos». Asimismo, insiste en que el informe psiquiátrico forense de la madre «dice que lo que hizo tiene una causa directa en los delirios, voces y paranoias que sufría, en nada más, de modo que no se explica la participación de ninguna otra persona en el asesinato». La defensa añade que fue la madre quien señaló a la Guardia Civil dónde se habían producido los enterramientos, porque «el padre no lo sabía, estaba dormido cuando se cometieron los asesinatos».