El Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata investiga por un presunto delito de estafa a un agente inmobiliario con oficina en ese municipio que acaba de ser detenido por tercera vez en menos de un año, acusado de quedarse el dinero de clientes entregado para realizar compraventas de pisos que nunca se llevaron a cabo. El investigado, que se proclama inocente y asegura que siempre ha tenido la intención de reintegrar el dinero, aunque no lo ha hecho aún, al menos el de las últimas tres víctimas, ha vuelto a quedar en libertad con cargos, y con la obligación de presentarse una vez al mes ante la jueza.

La última detención se produjo el pasado día 19 de abril, tras ser citado como investigado por agentes de Policía Judicial de la comisaría de Mislata. En esta ocasión, han sido tres las víctimas. Como en los casos anteriores, se trata de personas extranjeras que pretendían comprar o alquilar pisos con los ahorros de años de trabajo. En total, la suma del dinero supuestamente estafado se sitúa en 84.350 euros.

El arresto del día 19 es fruto de las denuncias de dos mujeres y un hombre, naturales de Argelia, Rumanía y Pakistán, representados todos ellos por el letrado Antonio Beaus, que acudieron a la Policía Nacional tanto de Xirivella como de Mislata después de recibir lo que califican de un sinfín de excusas para no devolverles el dinero que les había pedido previamente para formalizar una especie de contrato de arras, con el que, creían, estaban reservando el derecho a la compra o al alquiles.

En todos los casos, según se desprende del testimonio de las víctimas y de la investigación policial, el modo de actuar es el mismo. Las víctimas acuden a la agencia inmobiliaria de Alfredo E., natural de Italia, tras localizar en algún portal una vivienda adecuada a sus intereses, y el agente les convence para firmar un contrato de arras, momento en que les pide distintas cantidades de dinero, en función del supuesto precio del inmueble y de la capacidad económica de la persona.

Así, la variedad es amplia: desde los 55.000 euros que obtuvo de una mujer argelina que pretendía comprar un piso valorado en 175.000 a los 1.350 euros que logró de otra mujer, en este caso marroquí, por la reserva del alquiler de una modesta vivienda. Ni la primera ha logrado comprar el piso, ni la segunda entrar en la vivienda de alquiler. Tampoco el dinero aportado.

Todas las denunciantes describen un mismo procedimiento. El espacio reservado en el contrato de arras para la firma del propietario del inmueble nunca llega a rellenarse, porque el ahora detenido va esgrimiendo distintos argumentos para postergar esa acción.

A partir de cierto momento, comunica que el dueño ha cambiado de parecer, que el precio es otro, que el inmueble ya no está en el mercado.... Lo cierto es que asegura a los clientes que el pacto se ha roto.

Cuando la víctima exige la devolución del dinero, el presunto estafador nunca lo niega. Al contrario. Sin embargo, se va dilatando en el tiempo ese momento con otro abanico de excusas: que ha habido un problema con el banco, que ya ha enviado la transferencia —de hecho, en algún caso incluso ha aportado el justificante—, pero la realidad es que el dinero no llega a la cuenta de los reclamantes.

Cinco casos en diez meses

Al final, las víctimas optaron por denunciar. La primera, una mujer natural de un país del Este, lo hizo el 17 de junio del año pasado en Paterna. Al día siguiente, fue citado y detenido por los agentes de la de Mislata, que se hizo cargo del caso al haberse cometido el supuesto delito en su ámbito de actuación. Reclamaba los 6.500 euros que le había dado por la compra de un piso. Quedó en libertad.

El 24 de agosto, lo denunció la mujer marroquí que le entregó 1.350 euros para alquilar un piso: 450 por la cuota mensual, como anticipo del primer mes, otros 450 como fianza y 450 más como comisión de la agencia inmobiliaria. El 1 de septiembre, fue nuevamente detenido por agentes de Mislata y, de nuevo, quedó en libertad.

El pasado 19, fue nuevamente detenido por la suma de otras tres denuncias, presentadas por las víctimas restantes. Ese mismo día por la tarde, el juzgado lo dejó en libertad provisional, investigado por delitos de estafa, y le ha impuesto la obligación de comparecer una vez al mes ante la Justicia.

El presunto estafador ha negado todas las acusaciones y ha asegurado en su comparecencia ante el juez que nunca ha tenido la intención de quedarse el dinero, y sí de devolverlo, aunque distintas circunstancias, afirma, lo han ido obstaculizando. Incluso argumenta que el hecho de haber firmado el reconocimiento de las deudas acredita su buena intención.