La Fiscalía pide la condena por asesinato a la acusada del crimen de los laxantes: "Ella sabía muy lo que hacía y la rentabilidad de lo que hacía"

La defensa concluye su largo alegato y la acusada renuncia a su derecho a la última palabra. El magistrado da por concluida esta quinta sesión y emplaza al lunes, cuando entregará a los miembros del jurado el objeto del veredicto, la batería de preguntas cuyas respuestas deberán motivar y que servirán para considerar culpable o no culpable a la acusada.

Les advierte de que no podrán leer o escuchar nada de lo que publiquen los medios de comunicación y les desea un buen fin de semana,

Retoma ahora el informe de la autopsia para leer que "'no existe una etiología clara descubierta' antes de valorar la compatibilidad con los laxantes. Los propios forenses están admitiendo que no han sabido el motivo. Y en el mismo párrafo, el propio médico forense hace alusión a que 'también es obvio que en los 20 días últimos que permaneció en la UCI nadie pudo administrarle laxantes'".

Una vez llegados a este punto, acusa a los sanitarios de haber administrado laxantes al paciente. Y así enumera las siguientes fechas: "19 de enero de 2021, le administran dos laxantes [los previos a la colonoscopia, pero no lo aclara]; 17 de marzo de 2021, los sanitarios dicen que le pondrán enemas, que son laxantes rectales. Y 6 de abril de 2021 se vuelve a administrar un enema".

Y va más lejos, "por tanto, no hay prueba de que Mari Carmen administrase los laxantes a Salvador, pero sí hay constancia de que se lo administraron los sanitarios", acusa la defensa al propio personal del hospital en su afán por evitar la condena de su defendida y llevar al jurado a la duda suficiente para que dicten su no culpabilidad.

"Lo único que se ha acreditado es la compra masiva de laxantes, pero de ahí a que se haya matado a Salvador... No hay ninguna prueba", insiste.

"No quiero que mi clienta sea una Dolores Vázquez", dice, utilizando el principal ejemplo de cómo un jurado "metió en prisión a una persona que no había sido" la autora del asesinato.

"Por eso les dije al principio que este era un juicio de indicios y no de pruebas. En el Derecho Penal español es muy importante la presunción de inocencia, que ya se lo han explicado, pero no les han explicado el término 'in dubio pro reo'. ¿Saben qué significa? Que en caso de duda, ¡de la más mínima duda!", enfatiza, "deben absolver al reo. ¿Y quién es el reo? El reo es el acusado, que en este caso es Mari Carmen".

La abogada aprovecha para ahondar más en ese sentido y acaba acusando a los hijos y hermanos de Salvador de haber mentido y de tener intereses distintos en la denuncia que los de averiguar qué le causó la muerte a su padre o hermano.

"No se puede condenar a Mari Carmen porque ni su nombre ni la palabra laxantes aparecen en al autopsia", afirma. E incide en que "nunca se encontraron estos laxantes en concreto en los análisis", a pesar de que los peritos han explicado por activa y por pasiva por qué no se detectaron.

"Que sea compatible", recoge ahora, "no es que sea la causa. Solo que es posible, no que es realmente la causa" y pone como ejemplo "un chichón, que puede ser compatible con un martillazo o con un balazo, pero también con un pedrazo o una caída".

"A la hora de juzgar a una persona con cuatro hijos, para que esté más de 30 años en prisión, ¿no creen que no es suficiente con que sea compatible? ¿No creen que debería haber una causa real y no una compatibilidad?", vuelve a sembrar la duda.

"Si era un tacaño, cómo es posible que solo tuviera 400 euros en su cuenta a fecha del primer ingreso hospitalario", se pregunta.

La defensa, de manera hábil, recuerda al jurado que la Policía no pidió la geolocalización de los teléfonos de María del Carmen B. o de Salvador Vendrell, por lo que se acredita desde dónde se realizó, por ejemplo, la solicitud de los dos préstamos que, según ella, ni siquiera "figuran en la causa. Les pido que los busquen, porque yo no los he encontrado".

Tilda ahora de "imposible" que "una sola persona" haya cometido "todos los delitos que se le achacan".

La defensa desacredita ahora a los hijos y hermanos de Salvador, exponiendo al jurado "que no fueron ni una sola vez a pedir información directa a los médicos del hospital, esas personas que tanto dicen que se preocupaban por su padre".

El magistrado se ve obligado a intervenir para recordar a las personas que están en la sala que la ley prohíbe expresamente "hacer gestos de aprobación o desaprobación", y conmina a los familiares a "hacer un esfuerzo, aunque no les guste lo que escuchen o por doloroso que sea, porque sería una pena que me viese en la obligación de expulsarles de la sala, cuando además el juicio está llegando a su final".

Como preveía la acusación particular, se acoge a que "no sabe cuántos laxantes se compraron y en cuantas farmacias" y en ese intento por sembrar la duda y dispersar la atención, ahora esgrime que es tan compatible que le administrara los laxantes su defendida "como la asistenta, que también compró y también accedió a la habitación del hospital. Es igual de compatible".

Advierte ahora de que les va a explicar por qué no se cometieron los delitos económicos. Contrapone el informe de las cuentas de María del Carmen B. y de Salvador. "No se han analizado las operaciones bancarias de Salvador antes de conocer a Mari Carmen y después de su ingreso. Nadie ha analizado lo que Salvador pudo comprar u operar desde el hospital", recoge. Vuelve a ser lo que anticipó González: no se puede acreditar lo que no existe.

Y en el mismo sentido, asegura que sí había autorización por parte de él. "¿Cómo sabemos si Salvador no le dijo, oye, ya que estás aquí, siete meses, conmigo, despilfarra cuanto quieras", lanza. "Si Salvador no hubiese querido que fuese así, teniendo en cuenta que tenía a su disposición el móvil de Mari Carmen, habría bloqueado sus cuentas. Desgraciadamente, no está Salvador para confirmarlo", desliza.

La defensa basa buena parte su alegato precisamente en las afirmaciones de ese internista, médico principal de Salvador, que admitió que no fueron capaces de saber el origen de esas diarreas pese a que el paciente estuvo casi siete meses en el hospital.

La abogada incluso le lanza al jurado que fue el propio hospital quien pudo aumentar las diarreas de Salvador "porque le administraron laxantes. ¿Son ustedes capaces de descartar que esos laxantes no fueron los que le agravaron las diarreas?". Se refiere la defensa al fármaco que se administra el día anterior a una colonoscopia y cuya finalidad es limpiar el colon. Solo se le dan el día anterior a la prueba, no a lo largo de siete meses.

Para poner en valor que esos médicos tienen más credibilidad que los forenses, esgrime que ellos "están todos los días atendiendo pacientes, al pie del cañón, en un hospital como el IMED que", dice "está al alcance de cualquiera".

Pide al jurado que tengan en cuenta, sobre todo, a los dos médicos del IMED que trataron a Salvador Vendrell, porque "son los únicos que han tratado realmente" al fallecido.

La letrada está mezclando las declaraciones de los dos médicos, atribuyendo una única voz a ambos, cuando en realidad, en lo fundamental, dijeron cosas distintas. El segundo de los médicos, que dejó de trabajar en el IMED el 1 de diciembre de 2020, dejó claro que las diarreas secundarias a una complicación neurológica en casos de diabéticos nunca habrían sido como las que sufría Salvador, ni tan severas ni tan importantes ni tan prolongadas en el tiempo.

También, que los desórdenes alimentarios "por tomar algún cacaolat" o los zumos, "no justificaban" esas diarreas.

El único que achacó a esas "transgresiones" las diarreas fue el otro médico, el que asumió el caso de Salvador cuando su jefe, el anterior, dejó el IMED para irse a trabajar a otro hospital, y quien aún hoy continúa trabajando en ese centro hospitalario privado.

Intenta ahora la defensa desacreditar a los testigos que más daño hacen a sus intereses, como, por ejemplo, la empleada del hogar que contó cómo se deterioraron la calidad de vida y las costumbres de Salvador desde que llegó Mari Carmen a la casa, cómo lo aisló y rompió la relación con sus hijos o cómo le hacía ir a comprar los laxantes de manera constante y masiva o cómo le hacía de chófer para ir a hacer compras continuamente.

También trata de restarle importancia a la declaración del inspector jefe de la Policía Nacional que fue novio de María del Carmen B. y que relató las diarreas severas que sufrió durante los cuatro meses de convivencia con la acusada, cómo en ese tiempo sus cuentas se quedaron a cero y cómo no quiso denunciarla porque estaba profundamente enamorado de ella. Es más, recalcó que ni siquiera hoy "le tengo rencor" y que la sigue queriendo.

Pone el acento la letrada en que María del Carmen B. "nunca ha estado en prisión" por esta causa "ni tiene antecedente alguno".

En cuanto al reproche de las acusaciones de que no ha traído más peritos o más prueba al juicio (aquí hace un parón para denotar que ella es abogada de oficio porque la acusada no tiene dinero, en contraposición con los hijos de Salvador, que sí encargaron un informe), dice que no lo hicieron "porque sabíamos que no había prueba"

"Indicios, pueden tener todos los que quieran, pero ¿prueba? No han escuchado a nadie, a ningún perito, ningún familiar, ningún testigo que la viera administrar los laxantes a Salvador". Acusa a las acusaciones, valga la redundancia, de haber tratado de ignorantes a los miembros del jurado y de pedirles que la condenen "porque no tienen prueba de su culpabilidad. Le piden más de 30 años, por delitos muy graves, y piden que la condenen por mujer, cuando "hay tres acusaciones que no se han puesto de acuerdo ni en los delitos".

"¿Les gustaría que les condenaran en base a indicios y no a pruebas?", les dice, buscando sembrar la duda necesaria para evitar que la condenen. E insiste: "¿Les gustaría que les condenasen en base a lo que dice una expareja".

"¿Dónde están aquí los laxantes? ¿Dónde dice que los laxantes causaran la muerte? ¿Dónde?", abunda en la misma idea. "No hay causa, no hay origen", repite, y les vuelve a reiterar que "dos de los médicos forenses, la mujer mayor bajita y el chico más joven, fueron pagados por la familia para hacer un contrainforme". En realidad, la coincidencia entre los cuatro médicos forenses, los dos de parte, a los que se ha referido la abogada, y los dos públicos, del Instituto de Medicina Legal (IML) fue total en cuanto a la causa de la muerte y la incidencia directa en esta de la administración de laxantes.