Jaime Navarro está llevando la demanda que busca poner punto y final a la estancia de Meriton en la gestión del club. Como primera parada, y para tratar de salvar al club de sus propios gestores y de la deriva económica que atraviesa el club, ha solicitado al juez que nombre una administración judicial que enderece el rumbo de la entidad de Mestalla para «que quede algo que recuperar».

Para hacerlo didáctico: ¿Qué es lo que solicitan al juez con este escrito de medidas cautelares contra Meriton?

Tenemos interpuesta una demanda para que se declare nula la venta del club a Meriton de 2014. ¿Por qué? Porque se hizo contra muchos artículos del código civil, del código de comercio y de una ley que entraba en vigor ese mismo año, la de “Transparencia y Buen Gobierno” que impide tomar esas decisiones sin atender a requerimientos notariales que habíamos hecho nosotros, en los que en esencia pedimos que se nos explique porque se había elegido a Meriton y no a otras ofertas. Metidos en esta causa, en la vista que se celebró en febrero los demandados, que son Meriton, la Fundación y el Valencia CF decidieron darle al pleito la cuantía de 100 millones de euros a pesar de que nosotros, los demandantes, defendíamos que era de cuantía indeterminada porque cuando pides la nulidad de un contrato se deben anular ese y todos los derivados, por eso defendimos que era muy pronto para saber las consecuencias económicas de todo esto, máxime en la situación de total opacidad que tenemos con el club y que hay muchas cosas que investigar. El juez hizo caso a sus abogados argumentando que así tendría mejor examen en el Tribunal Supremo con mayor cuantía en un juicio que va a ser largo y le dio esa cuantía de cien millones y no la que pretendíamos que era la de indeterminada.

La gente se está haciendo muchas preguntas acerca de la provisión de fondos de 100 millones. ¿Puedes explicar en qué consiste esta provisión?

Según el Plan General de Contabilidad tienes una obligación de poner una provisión contable, que es como una partida de gasto, para tenerlo dedicado a ello por si pierdes y tienes que aportar esos 100 millones que tú mismo como demandado te has dado como cuantía de la causa. Esto significa tener un gasto más de 100 millones al año que en este caso lo han asumido ellos de forma voluntaria.

El club, a pesar de pedirlo, no ha provisionado esos 100 millones en sus cuentas. ¿En qué situación queda legalmente?

Se le puede requerir para que lo haga. Ellos lo pidieron, pero llega el momento y no lo reflejan en las cuentas. Cualquiera con un interés legítimo puede hacerlo, la parte demandante, un acreedor del Valencia...

¿Cómo sería el día siguiente del club a que el juez decretarse esta administración judicial?

Muy flexible. Podría quedarse una parte de la gente que hay, como por ejemplo patronos de la Fundación, quedarse incluso una parte de la dirección y el juez nombrar un interventor simplemente. O también podría relevarlos a todos. Tiene un poder muy grande el juez para ello. Es un día de después normal como lo tuvo el Atlético de Madrid o el Levante en su día también y a los dos clubes los salvó.

¿Cuánto tiempo duraría?

El objeto sería evitar que el Valencia siguiese en esta situación económica tan deplorable. Cuando se remontase dejaría de tener sentido esta administración judicial.

¿Confía en el sistema judicial?

Totalmente. La tengo porque hemos ganado el 90 por ciento de las sentencias a los bancos y estas primeras sentencias que te contaba. El partido es largo y tiene idas, vueltas y hasta prórrogas.

¿En caso de lograrlo, cómo sería el día después de la nulidad de la venta?

Pues se anula un contrato y hay que ver qué se han entregado las partes. Hay mucha experiencia haciéndolo con los bancos aquí en Valencia. Este es más complejo, pero se hace una auditoría, se ve que ha entregado cada parte. Por ejemplo, ver los sueldos que han cobrado los señores de Meriton, que se habla de cerca de 20/25 millones de euros anuales. Habrá que ver porque la deuda ha aumentado de 200 millones a más de 400. Todo eso se debería ver en el proceso de liquidación del contrato estipulado.