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"En esta vida y, naturalmente, en política, cada uno decide con quién estar y a quién apoyar y defender. Esto supone asumir sus principios, identificarse con sus postulados y estar de acuerdo en sus modos y maneras; es decir, estar conforme no sólo con el fin sino con los medios. Pues bien, señora vicepresidenta: usted y su ministra de Cultura y todo su Gobierno han decidido apoyar y defender a un grupo llamado Salvem el Cabanyal que utiliza la violencia verbal y física, y adopta actitudes totalitarias. Y esto es sencillamente vergonzoso".
Así comienza una carta enviada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, dentro de su campaña contra la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal.
Acusaciones de totalitarismo
Barberá pone al corriente a la vicepresidenta de manifestaciones realizadas el jueves por la plataforma en un comunicado, declaraciones en las que se afirma que "el Partido Popular como partido antidemocrático, que lo es, no debería tener en su manos la administración de los intereses generales". "El PP utiliza el poder que el sistema democrático pone en sus manos -continuaba la nota de Salvem- para satisfacer sus intereses particulares y sus compromisos con los grupos económicos que les financian ilegalmente para ayudarlos a perpetuarse en el poder".
A continuación, la alcaldesa recuerda que ha logrado ya cuatro mayorías absolutas y, hablando de intereses particulares, le ruega que esté atenta "a las informaciones sobre quién está comprando casitas en el barrio y con qué fin".
"Señora vicepresidenta, por mucho que discrepe del Partido Popular jamás se podrá negar la naturaleza democrática de mi partido, ni podrá compartir la brutalidad tanto de las actuaciones junto a ocupas y antisistema de Salvem el Cabanyal, como de las afirmaciones de sus comunicados", dice Barberá. Así pues, pide a de la Vega que abandone "el consejo y la compañía política de la citada plataforma" y de paso se replantee la posición del Gobierno y respete la gestión de las administraciones competentes: el Ayuntamiento y la Generalitat.
