El reconocimiento mundial de l'Albufera peligra por las nuevas viviendas de Pinedo
El Ministerio de Medio Ambiente le exige al ayuntamiento que acate el informe de la misión Ramsar y regenere y clasifique la zona sur con la máxima protección - El ayuntamiento deja una puerta abierta a nuevas construcciones en la revisión del PGOU
Declarar la zona sur de Pinedo como suelo no urbanizable protegido y realizar un plan especial de regeneración medioambiental ante la "degradación" del terreno. Estas fueron dos de las conclusiones de la misión Ramsar, organismo internacional encargado de la protección de los humedales más importantes del mundo. Sin embargo, de eso hace ya tres años y el Ayuntamiento de Valencia, lejos de acatar las recomendaciones, ha dejado una puerta abierta a un posible desarrollo urbanístico en la zona. Es más, muchos de los terrenos de cultivo que ocupan esta zona han sido abandonados y su lugar lo ocupan ahora vehículos aparcados (durante el año) y camiones y caravanas de feriantes, en los meses estivales.
Pero formar parte del convenio Ramsar implica algo más que pertenecer a la lista de Humedales de Importancia Internacional. L'Albufera podría dejar de formar parte del acuerdo si el ayuntamiento no acata sus recomendaciones. Así se lo ha hecho saber el organismo internacional al Ministerio de Medio Ambiente. Por ello, el pasado 15 de julio, el Servicio de Conservación de Humedales del ministerio volvió, una vez más, a exigirle al ayuntamiento que acate el dictamen del convenio Ramsar y proteja la zona con el máximo nivel, ahora que está realizando la revisión del Plan General de Ordenación urbana (PGOU).
En el escrito sobre el incumplimiento de las conclusiones del informe de la misión Ramsar, el Ministerio de Medio Ambiente le recuerda al ayuntamiento que todos los terrenos localizados dentro de los cascos urbanos "están incluidos en la zona de l'Albufera, por lo que obligatoriamente deben clasificarse como suelo no urbanizable protegido en aplicación de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana" por lo que, si dichas consideraciones no están incluidas en la memoria ambiental del PGOU de Valencia "deben incorporarse a la propuesta que se está redactando en estos momentos".
Además, el ministerio también asegura que si, finalmente, la sentencia del Supremo es declarada firme "quedarían anuladas sin excepciones las posibilidades de expansión urbanística del núcleo de Pinedo".
Protección transitoria
Y es que en la memorial ambiental del PGOU de Valencia, la conselleria afirma que, de forma transitoria, la zona se debe catalogar como "área de uso agrícola-huerta (A-H) y "área de uso agrícola-arrozal (A-A)", hasta que exista un fallo firme sobre el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) que, en la actualidad, está pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo.
Es más, en la memoria medioambiental de la conselleria se asegura que la zona sur de Pinedo tendrá una protección mínima "de forma transitoria" hasta que se clarifique su situación jurídica, es decir, hasta que el Tribunal Supremo diga si la zona existente entre el suelo urbano residencial consolidado de Pinedo y el nuevo paseo marítimo y la franja litoral debe ser una zona regenerada y con la máxima protección o, por el contrario, podría ser susceptible de futuras edificaciones. Hasta que los jueces dicten sentencia, el ayuntamiento mantiene la puerta abierta y se muestra reacio a proteger estos 89.171 metros cuadrados.
Pendiente del Tribunal Supremo
El escollo de la cuestión reside en que el PRUG, en su artículo 35.4 afirma que, con carácter excepcional, "el Consejo Directivo del Parque Natural, a propuesta de los ayuntamiento respectivos, podrá emitir informe favorable, preceptivo y vinculante, sobre la realización de las actuaciones urbanísticas necesarias en determinados ámbitos colindantes al suelo urbanos, entre ello el de Pinedo". Acció Ecologista Agró llevó el PRUG a los tribunales que declararon parcialmente contrario a derecho el decreto en cuestión. La Generalitat Valenciana, sin embargo, no acató la sentencia y la recurrió al Tribunal Supremo.
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