La alcaldesa de Valencia informó ayer de las 32 enmiendas que presentará, a través del grupo Popular en el Congreso, a los Presupuestos Generales de 2011. Rita Barberá pide 905 millones de euros más para la ciudad y, ajena a los planes de contención del déficit de Zapatero, el margen máximo de endeudamiento. Entre las inversiones demandadas está el túnel pasante del AVE (200 millones de euros), el soterramiento de las vías ferroviarias en Serrería (30 millones), la mejora del acceso de la Pista de Silla (5 millones) y el cubrimiento del tramo a cielo abierto del canal Júcar-Turia (80).
Barberá explicó, en relación al túnel pasante del AVE, que no hay ninguna partida en los presupuestos. Reconoció que el compromiso del Ministerio de Fomento es buscar financiación público-privada, pero dijo que eso no quita para que se incluya una partida para esta infraestructura.
El ayuntamiento también ha presentado varias enmiendas de modificación en las que plantea que se amplíen las partidas para el aeropuerto de Manises y para el tercer carril de la A-3 y de la V-21 en sus distintos tramos.
La ciudad recibirá el año próximo un 40% menos de inversión, según apuntó la alcaldesa, quien tras desglosar las inversiones necesarias para la ciudad se mostró poco confiada de que sus reivindicaciones sean atendidas.
Una señal clara de que en el actual contexto de crisis y recortes más que aportar el Gobierno lo que quiere es reducir por donde sea es la notificación por parte del Ministerio de Vivienda de que la inversión prevista para la reforma de la pescadería del mercado Central queda diferida. "Dios ha querido enviarme la prueba" del "desprecio continuado" del Gobierno a Valencia, apuntó la regidora con su vehemencia habitual.
Barberá mostró la carta que le había remitido el director general de arquitectura, con fecha de entrada de 27 de octubre, en la que convoca a la comisión de seguimiento del convenio del mercado Central. En el orden del día, el "deslizamiento" de las anualidades del Mercado Central. La reforma de la pescadería, una de las promesas de la ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, tiene un coste de 4 millones de euros, financiados al 50% por ayuntamiento y Gobierno.
El ministerio propone al ayuntamiento que retire los dos millones de euros que iba a aportar este año, mientras el Gobierno aplaza su aportación prevista para 2011 a 2012.
La alcaldesa aclaró que no firmará el nuevo acuerdo para la pescadería -de hecho presentará, a través del PP, una enmienda en el Senado- . El ayuntamiento no tenía intención de enviar a nadie a reunión convocada para ayer por la tarde en Madrid.
Barberá, quien aseguró que no asumirá en solitario esta obra, aprovechó para sacar el listado de lo que a su juicio son promesas incumplidas y agravios del Gobierno. Desde los chiringuitos de la playa y el plan del Cabanyal hasta el bloqueo de la explotación de la dársena interior del puerto.
Barberá, que ofreció una rueda de prensa rodeada de la mayor parte de su equipo de gobierno, calificó de "irreales" y "absolutamente inadecuados" los presupuestos generales. En su opinión, "no van a crear empleo, mienten en sus previsiones, van a traer más paro, subida de impuestos, más recortes sociales y menos inversión productiva".
Una de las disposiciones que más ha molestado al Ayuntamiento de Valencia es la que impide a las corporaciones cuya deuda supere el 75% de los ingresos (la de Valencia está en el 109,9%) pedir créditos bancarios el año próximo.
El gobierno local se ha rebelado contra esta decisión, que también afectará a Madrid y a Zaragoza, y ha anunciado que el PP la denunciará ante el Tribunal Constitucional. De momento, el primer paso ha sido presentar una enmienda a dicha disposición, califica de "totalmente arbitraria" por la regidora.
La alcaldesa plantea fijar el límite de endeudamiento no ya en el tope legal del 110% sino en el125%. El Gobierno ha permitido a los ayuntamientos que este año, excepcionalmente, se endeuden hasta el 125% en previsión de los menores ingresos.
