La prueba realizada en los alrededores del nuevo hospital La Fe y muy especialmente en la playa de la Malva-rosa ha lanzado al Ayuntamiento de Valencia ha poner personas condenadas a Trabajos en Beneficio de la Comunidad (la mayoría por tráfico) en todos aquellos puntos donde operan los denominados "gorrillas". El objetivo es que sean estas personas las que ejerzan un mínimo control de la circulación y los aparcamientos en vez de aquellas personas que someten a "chantaje" a quienes dejan su coche en un espacio público y gratuito, aseguran las autoridades municipales.
En los últimos años, sobre todo coincidiendo con el auge de la inmigración y la posterior crisis económica, la ciudad se ha llenado de "gorrillas", causando un profundo malestar entre la población y particularmente entre los conductores. Desde el ayuntamiento, sin embargo, resultaba muy difícil atajar esta situación. No hay textos legales ni ordenanzas que recojan expresamente esta figura, de manera que todo lo que se podía hacer es sancionarlos por ocupación ilegal de la vía pública, que viene a ser deambular por un espacio destinado a los coches.
Ese sistema se ha aplicado en toda la ciudad y sólo este verano se han puesto 196 sanciones en la playa de la Malva-rosa, uno de los puntos sensibles en los meses de julio y agosto. No obstante, ha habido un método, aplicado con mayor intensidad este año, que ha dado buenos resultados en este sentido. Se trata de poner a personas condenadas a Trabajos en Beneficio de la Comunidad en puntos de máxima conflictividad. El objetivo es que estas personas, condenadas generalmente por delitos de tráfico, vigilen los aparcamientos y disuadan a los "gorrillas" haciendo su función de forma gratuita.
Ya se ha probado en el entorno de la Fe y también en la Playa de la Malva-rosa y el resultado ha sido muy positivo, tanto que ahora el Ayuntamiento de Valencia se plantea extenderlo a toda la ciudad.
Según explicó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, la idea es poner a estas personas en los lugares más concurridos, en los antes citados y también en los alrededores de hospitales como el Arnau de Vilanova o el Hospital General, entre otros.
Negociación con la Fiscalía
El primer paso para ello será intentar conseguir que la Fiscalía les aporte más gente para hacer estos trabajos, pues en la actualidad el número máximo que acumula la ciudad de Valencia no supera las 15 ó 20 personas.
Los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad suelen serlo por delitos de tráfico, pequeños problemas de orden público o malos tratos.
Generalmente se trata de pequeñas condenas que se pueden cumplir en unas vacaciones, en fines de semana o de forma continuada, haciendo jornadas de cuatro horas o doblando este tiempo para reducir el periodo de cumplimiento.
Desde el Ayuntamiento de Valencia se teme que el problema sea conseguir a más personas, ya que no es fácil negociar estos servicios. En los próximos meses, no obstante, se conversará con las autoridades judiciales para aumentar su número y extender el sistema a toda la ciudad.
