Un grupo de taxistas se ha concentrado con sus vehículos ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para reclamar a la Administración que aplique la legalidad y ponga fin a todas las licencias alquiladas que suponen "una competencia desleal" y les abocan a la "quiebra".

El presidente de la Asociación del Taxi de la Comunidad Valenciana (ATCV), Emilio Guillén, ha asegurado a EFE que en esta movilización de unas dos horas han participado "más de quinientos coches", que han realizado su protesta "con muchos pitos y una cacerolada".

"Queremos que se nos escuche. No pedimos dinero sino que se aplique la legalidad a la que nos someten porque no hay derecho a que unos estemos asfixiados y otros que vivan de rositas", ha señalado, para resaltar a continuación: "queremos el fin de todas las licencias alquiladas".

Según Guillén, existen unas 400 licencias de jubilados o viudas que, "con arreglo a ley, debían estar paralizadas o traspasadas a autónomos pero que son explotadas a doble turno por conductores y eso es competencia desleal".

"Nos están robando", ha asegurado el presidente de Asociación de Taxi de la Comunidad Valenciana, quien ha incidido: "los últimos tres meses no ingresamos los gastos que tenemos, y mientras el mes que viene los autónomos van a caer como moscas, los alquilados se hacen ricos a nuestra costa".

La ATCV ha anunciado que para el próximo día 3 de octubre tienen prevista una nueva acción de protestas frente la sede de la Agencia Valenciana de Movilidad "para seguir presionando".

Fuentes de la Agencia Valencia Movilidad (AVM) han señalado a EFE que la movilización, a la que se ha adherido USO CV Taxi, suma "un tercio de las licencias".

Según han indicado, los convocantes reclaman una nueva regulación horaria que limite a un máximo de 12 las horas de trabajo para cada licencia, frente a la actual que fija 12 horas para vehículos con un solo conductor, y 16 horas si son al menos dos.

Han destacado que la actual regulación horaria, que entró en vigor en enero del año pasado, se estableció "a petición" del sector y con "el consenso de todas las partes".

No obstante, la votación en la que se acordó esta normativa ha sido recurrida y se espera conocer la sentencia correspondiente en noviembre, según las mismas fuentes.