Si alguna lección ha dado el caso Emarsa es que la falta de controles y la inacción de los mismos facilitan la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. Ayer, el ex alcalde de Torrent y consejero de Emarsa entre 2003 y 2007, Josep Bresó, reconoció ante el juez del caso, como ya han hecho otros testigos, que los responsables políticos que formaban parte del consejo de administración de la empresa pública no eran «técnicos con conocimientos suficientes como para dirigir una empresa de estas características». Bresó, abogado de profesión y alcalde de una ciudad de más de 67.000 habitantes, asumió la incapacidad de los gestores y mostró su desazón e incredulidad por «lo que luego nos hemos encontrado».
Con la llegada del ex alcalde de Manises Enrique Crespo a la presidencia de Emarsa en 2003, los consejeros empezaron a cobrar 500 euros brutos por cada reunión a la que acudían, unos 8.500 euros anuales. Entre 2007 y julio de 2010 cuando se liquidó la empresa, los gestores percibieron de la sociedad pública hasta 535.500 euros. No fue hasta 2008 que los consejeros socialistas empezaron a cuestionar la gestión y el agujero que se estaba generando y que obligó a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria de Emarsa, a suscribir un crédito de 8,4 millones.
Crédito sin informe financiero
Sobre este préstamo fue interrogado ayer el testigo Bresó, quien fue vicepresidente de la Emshi y dijo desconocer que el consejo hubiera autorizado esa operación. Este dinero se pidió sin ningún informe financiero.
Bresó confirmó que en el Ayuntamiento de Manises se reunieron el alcalde Enrique Crespo y el empresario imputado en la causa Juan Carlos Gimeno. El ex edil de Torrent aseguró que «hablaron de la compra que tenía prevista la Emshi para su nueva sede y de temas de calidad y consultoría». Como ya publicó este periódico, el nuevo edificio de la entidad metropolitana se iba a realizar tras el fallido intento de comprar un secadero de jamones para la misma que costaba el doble de su precio real de mercado.
Crespo habría encargado este proyecto a Gimeno, que presentó los planos ante el juez en una de sus declaraciones para solicitar a la Emshi el cobro de unos 150.000 euros por estos trabajos. La crisis acabó con las intenciones del ex presidente de Emarsa de dotar a la entidad metropolitana de unas nuevas instalaciones.
En el resto del interrogatorio, Bresó se mostró muy esquivo y contestó a la mayoría de preguntas alegando que no se acordaba. Sobre su relación con uno de los principales imputados, el contratista de la depuradora de Pinedo José Luis Sena, dijo conocerlo al tener un amigo común en Alaquàs. Bresó también trabajó en las oficinas de las empresas de Gimeno en Valencia cuando dejó la alcaldía en 2007 tras perder las elecciones municipales.
