El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana envió el pasado jueves, 7 de noviembre, un oficio al ministerio y a la Conselleria de Cultura conminándolos, "bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad judicial", a aportar los informes y "pruebas documentales" que avalaron el derribo de varias naves de la fábrica de la Tabacalera.
El oficio es fruto de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de junio que anula la sentencia de 2010 del TSJ que avaló la demolición parcial de la fábrica para construir pisos de lujo. El Supremo ordenó en junio la revisión del recurso interpuesto por Salvem Tabacalera contra los derribos de las naves posteriores y laterales de la Tabacalera, uno de los edificios de Exposición Regional de 1909. La sentencia llega tarde para las naves que fueron derribadas en 2007 y sobre las que ya se ha levantado una de las torres residenciales previstas.
El Supremo ordenó tener en cuenta las pruebas documentales que los magistrados no admitieron relacionadas tanto con la protección del conjunto de edificios de Tabacalera como con el convenio urbanístico del ayuntamiento con la constructora Guadalmedina y Altadis para permutar la Tabacalera por un edificio municipal.
Casi cinco meses después de la resolución del Supremo ni el Ministerio de Cultura ni la conselleria homónima han presentado la documentación requerida. Una documentación que podría acabar dando un vuelco al recurso.
La Conselleria de Cultura avaló los derribos en base a un escueto informe firmado por el entonces director general de Patrimonio, Manuel Muñoz, que secundaba las tesis del ayuntamiento sobre la inexistencia de valor patrimonial de las naves al ser posteriores a la Exposición.
De este modo, Cultura -que apenas unos años antes, concretamente en 2002, había propuesto al ministerio incluir la fábrica de tabacos en el Catálogo de Patrimonio Nacional Industrial, lo que suponía la máxima protección como bien de interés cultural de la fábrica, daba el plácet a la modificación puntual del PGOU que permitía la permuta de la fábrica por un edificio municipal en plaza de América. Un proceso que el PSPV de la ciudad calificó como un "pelotazo urbanístico" en toda regla. Una acusación que en cierto modo se vio avalada por el voto particular que emitió uno de los magistrados del TSJ en la que advertía de que "con los convenios urbanísticos hay un grave riesgo de corrupción administrativa y política", aseguraba el magistrado.
El Ministerio de Cultura, por su parte, deberá remitir la abundante información que recibió sobre los derribos del edificio entre ellos los informes de la Real Academia de San Carlos destacando el valor del conjunto y los de Salvem Tabacalera advirtiendo del expolio.
Para Salvem Tabacalera, el punto de inflexión en el expolio de la fábrica se produjo cuando la inmobiliaria Gualdamedina compró el 50% del edificio de la Tabacalera a Altadis y entonces se inicia el proceso especulativo y de recalificación de la Tabacalera, desandando todo el camino previo para darle la máxima protección. Los socialistas advierten de que si el ministerio y la conselleria no aportan la información que reclama el TSJ la aportaran ellos.
La Conselleria de Hacienda remitió el pasado 22 de octubre al Tribunal Superior de Justicia los informes que le han reclamado para poder comparar como propuso Salvem Tabacalera la diferencia abismal entre el valor que obtuvo la Generalitat por el edificio de los antiguos juzgados de Navarro Reverter y lo que obtuvo el ayuntamiento por el edificio municipal permutado con Guadalmedina por la Tabacalera a solo unos metros de los antiguos juzgados.
Hacienda informa al TSJ de que vendió en subasta los terrenos de los Juzgados por 6.700 euros el metro cuadrado, el triple del valor de tasación (2.070 euros) que el ayuntamiento le dio al edificio de la plaza de América, que posteriormente fue derribado y sobre el que se construyeron viviendas de lujo. Se calcula Guadalmedina ha ganado cien millones de euros, descontando costes de construcción, solo en plaza de América. El ayuntamiento realizó su tasación en base a los precios de dos inmobiliarias, según reconoce en el informe remitido al TSJ.
Hacienda explica que la Generalitat ingresó por los juzgados 105 millones de euros. El ayuntamiento, en cambio, entregó a Guadalmedina el edificio de Plaza de América y las dos pastillas de suelo de la Tabacalera, en Micer Mascó, una de las zonas más caras de la ciudad. La ciudad ganó la fábrica cuya rehabilitación le ha costado 55 millones de euros.
Salvem Tabacalera advierte de que Guadalmedina tendrá que reponer lo derribado en Tabacalera si el TSJ les da ahora la razón.
