El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia ha condenado al ayuntamiento a pagar cerca de cinco millones de euros a los policías locales y bomberos de la ciudad (alrededor de 2.000 agentes) en concepto de peligrosidad. El anterior equipo de gobierno del PP acordó en 2011 abonar 25 euros mensuales por este concepto y no lo hizo debido a los recortes presupuestarios, por lo que el sindicato de policía Sipol terminó acudiendo a los tribunales que ahora le han dado la razón. Ha sido el propio sindicato el que ha hecho pública la sentencia dictada el pasado 5 de octubre, que condena al consistorio al pago de los atrasos, los intereses y las costas.
El motivo es que las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General, UGT, CCOO, STA, CSIF y Spplb, negociaron en el Convenio 2008-2011 el pago de un plus de peligrosidad de 25 euros mensuales a cada policía (unos 1.700) y bombero (400) a partir del año 2011, pero luego «no se abonó por el tema de los recortes del Gobierno Central», dice Sipol.
Complemento, no productividad
Posteriormente, estos mismos sindicatos firmaron en el Convenio 2012/15 un reconocimiento de la deuda de esos 25 euros mensuales desde el año 2011 y a finales del 2015, ya con el nuevo gobierno municipal, la Concejalía de Personal aprobó el abono de 700 euros a cada uno (una parte de la deuda total de 1.750 euros) «en concepto de productividad y no en el complemento específico, que es lo que marca la Legislación actual». Además, se perdían 2 meses de esos 25 euros, ya que «al pagar como productividad solo se abonan 12 meses al año, mientras que si lo hubiera pagado dentro del complemento específico de peligrosidad se deberían abonar 14 mensualidades».
Dos recursos
En estas circunstancias, el sindicato Sipol de la Comunitat Valenciana comunicó al Ayuntamiento de Valencia «la ilegalidad» de pagar la peligrosidad dentro de la productividad, pero no obtuvo respuesta, lo que hizo que en diciembre del año 2015 se presentara un recurso de reposición por silencio administrativo.
Un auténtico agujero
Ese recurso fue rechazado por el Ayuntamiento de Valencia y entonces Sipol «no tuvo más remedio» que recurrir a la vía Contencioso-Administrativo. Y ha sido ahora cuando el Juzgado nº 7 le ha dado la razón al sindicato, obligando a pagar lo pactado. El Ayuntamiento de Valencia deberá abonar 1.750 euros más intereses de demora a cada agente de policía local y de bombero con el fallo judicial en la mano. Eso puede suponer un coste cercano a los cinco millones de euros, un auténtico agujero para el consistorio, que precisamente estos días ultima los presupuestos del año que viene.
