A las 40 trabajadoras de las tres escuelas municipales que el Ayuntamiento de València va a remunicipalizar se les acaba el tiempo. El próximo 30 de junio vencen sus contratos y, tal como está actualmente la situación, todo indica que se irán a la calle. De hecho, así lo respondió la Concejalía de Personal a una pregunta al respecto planteada por Cristóbal Grau en un pleno municipal: «le comunico que no se va a proceder, a priori, a la subrogación del personal».

Esta actitud le choca a las trabajadoras quienes ponen sobre la mesa otros casos similares, como los sucedidos en Gandia o en Alzira, donde sí se llevó a cabo la subrogación. Así, una de las trabajadoras, María José Molina, recuerda que en Gandia se dijo que así se aseguraba «la estabilidad laboral y que los alumnos empiecen el curso con las mismas educadoras». Esto, agrega, «lamentablemente, no sucederá aquí y no sabemos por qué».

Molina pone sobre las mesa las 4.247 firmas que han recaudado tanto en los tres centros afectados, Solc, Quatre Carreres y Gente Menuda, como a través de su petición en Change.org, e insiste en que «estamos de acuerdo con la remunicipalización, pero pedimos la subrogación».

La educadora asevera que tanto las trabajadoras como los familiares de los alumnos han llevado a cabo varios escritos y registros de entrada en el ayuntamiento sin obtener respuesta de los mismos, por lo que ambos colectivos se sienten «engañados y ninguneados por los organismos públicos».

Va más allá y lanza una pregunta directa al alcalde: «¿Joan Ribó va a permitir que echen a 40 trabajadoras?». Y también se pregunta «por qué hay tanto silencio y secretismo» en toda esta operación. «No nos han dicho los motivos reales por los cuales no se pueden subrogar los contratos de las trabajadoras», critica. Molina asevera que tanto los abogados consultados como los sindicatos les dan la razón e incide en que no desean ningún tipo de indemnización; «lo que queremos es trabajar como lo hacíamos ahora».