A lo largo de la presente legislatura se ha celebrado ya una comisión, promovida por el equipo de gobierno precisamente contra el PP a consecuencia del «caso Taula» (la financiación del grupo municipal popular). Como era de esperar, no aportó ningún dato relevante para la instrucción (que sigue abierta), pero sí que se saldó con una «condena» a los concejales del PP imputados -todos los actuales salvo Eusebio Monzó-, a los que se pedía el acta (que, lógicamente, no entregaron). Fue aprobada con los votos sólo de Compromís y PSPV, más la abstención de València en Comú y Ciudadanos y el voto en contra del PP. Desde entonces (acabó en marzo de 2017), los grupos políticos deben hacer públicos sus gastos y se obliga a éstos a tener una única cuenta bancaria.
