La vicealcaldesa del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, defendió ayer la legalidad del régimen de retribuciones aprobado por el el gobierno local en la pasada legislatura y «fiscalizado de conformidad», sin reparos, por el interventor general del consistorio. Con estas palabras se refería a la polémica por los complementos por «mayor responsabilidad» que el alcalde, Joan Ribó, puso en la pasada legislatura a los ocho tenientes de alcalde para compensarles por la pérdida de salario que supuso adjudicarles a ellos las dedicaciones parciales. Esta medida se adoptó para garantizar la dedicación exclusiva a todos los concejales de la oposición, pero no se ha mantenido en la legislatura que ahora empieza, en las que las dedicaciones parciales (ocho) han recaído en la oposición.

Una decisión que no estaría avalada por una advertencia de comisión de un fraude de ley por parte del interventor como argumentó esta semana el alcalde a los portavoces de la oposición y que la propia vicealcaldesa, Sandra Gómez, calificó ayer como una «decisión política». El informe del interventor de 6 de julio de 2015 avaló sin reparos el plus de «mayor responsabilidad» de 24.459 euros que incluyó Ribó para complementar las dedicaciones parciales de sus ocho tenientes de alcalde. El interventor igualmente avala, en un informe del pasado 16 de julio, con un «se fiscaliza de conformidad», la decisión del alcalde de poner las dedicaciones exclusivas (que suponen un salario bruto de 68.000 euros anuales) a los concejales del equipo de gobierno y aplicar las ocho parciales (63.000 euros) a la oposición (Vox, Ciudadanos y PP), que se ha rebelado contra la decisión, que además ha venido acompañada de limitaciones en las preguntas al pleno y en el número de asesores. La portavoz del PP, María José Català, ha anunciado que estudiarán medidas legales por si los recortes suponen una vulneración de los derechos fundamentales como cargos públicos.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, uno de los ocho concejales de la oposición que renuncia a la dedicación exclusiva y se queda con la parcial, reconoció ayer que sus críticas a Ribó por los recortes no son por una cuestión económica, sino «por las formas» y «por intentar justificar una decisión personal con un supuesto informe del interventor advirtiendo de una ilegalidad».

Preguntada sobre esta cuestión, y sobre el hecho de que si estas retribuciones podrían ser ilegales o incurrir en algún delito, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, se mostró ayer tajante. «En el ayuntamiento no se puede aprobar ni cobrar nada que sea ilegal». Gómez insistió ayer en que la decisión de quitar la dedicación exclusiva a la mitad de los concejales de la oposición (una medida que exige la ley Montoro, que solo permite en municipios del tamaño de València 25 concejales con dedicación exclusiva y un sueldo tope de 106.000 euros para el alcalde) es «lógica y razonable». Gómez insistió en que es lo que «están haciendo muchos ayuntamientos en España de cualquier color, es que la dedicación exclusiva sea para los concejales que forman parte del gobierno». Gómez destacó que «esto es incómodo» para la oposición, a la que acusó de poner «cortinas de humo». «Que expliquen los concejales de la oposición que cobrar 3.000 euros netos al mes por trabajar de 9 a 14 horas no les da para vivir. Es pura demagogia», remachó la vicealcaldesa, en la rueda de prensa que ofrecía ayer tras la Junta de Gobierno Local con el vicealcalde y concejal de Gobierno Interior en el pasado mandato, Sergi Campillo.