Unos turistas salen del edificio número 8 de la calle Aben Al-Abbar con un par de maletas tras de sí. En el patio, una veintena de vecinos y vecinas los miran de reojo. Desconfían, porque ya se imaginan qué hacen saliendo de su edificio. Hace apenas un mes empezaron a instalar extintores y a pegar carteles de «entrada» y «salida» en las paredes del edificio. Justo después de que a su hogar llegase la notificación que a muchos les heló la sangre. Grupo Enero 97 S. L. (el anterior dueño del edificio) había vendido la finca a Lazora, un fondo buitre con más de 7.000 viviendas repartidas por toda España, conocido por la compra de vivienda pública en Madrid.
Sus actuaciones se notan ya en València, aunque en la capital del Túria no hay constancia de que hayan comprado vivienda pública, sino privada. Es el caso de este edificio de Albors. Claramente, no se trata de ninguna acción ilegal: una empresa privada que compra a otra un bien inmueble. El mal trago llega cuando a estos 63 vecinos de Albors, todos con contrato de alquiler, les advierten de que el arrendamiento no podrá ser prorrogado, por lo que, conforme llegue la fecha del fin de contrato deberán abandonar su casa. Sin opción a nada. Sin más comunicación. Solo un burofax que, a finales de mayo, les advierte de que su vida en el que ha sido su hogar durante cinco, diez o veinte años, tiene los días contados.
A Rafa Heras le llega la notificación de que debe abandonar su casa «con un mes escaso». Con fecha del 10 de junio, Rafa era el primero en salir. «Les dije que con un mes no podía levantar el campamento y marcharme», explica Rafa, de 80 años, que vive con su mujer y sus dos hijos. Las comunicaciones con Grupo Enero 97 S. L., la empresa propietaria de la finca hasta la reciente compra, empieza a ser constante. Rafa pide una solución y recibe como respuesta la prorrogación de su contrato, al menos tres meses más. Heras acepta sin tener otra alternativa y la empresa se lo comunica a Lazora.
Los rumores entre vecinos y vecinas no cesa. «Veo que va complicándose la cosa y, como soy el primero de la fila, me las tengo que arreglar», relata. Intenta negociar, esta vez con Lazora, continuar en el que ha sido su hogar durante 21 años, «bajo las condiciones que ellos quieran». Son necesarios cuatro intentos de Rafa (vía mail, teléfono o acudiendo a la sede de Lazora) para recibir una respuesta a su petición: «Me dicen que no hay posibilidad, porque aún no saben lo que van a hacer con la finca».
Este diario se ha puesto en contacto con Lazora para averiguar si el fondo inversor ya sabe qué va a hacer con la finca después de haber forzado la salida de sus inquilinos. Un portavoz de la compañía solo ha podido especificar que «hay en marcha un plan de rehabilitación integral del edificio». El destino de éste parece seguir difuso, aunque aseguran que «Lazora solo se dedica a alquiler de larga estancia, nunca turístico». De hecho, explican, han tendido la mano a los ocupantes de la finca para que «en los casos en los que se haya rehabilitado una vivienda y el inquilino al que le vence el contrato esté interesado en continuar en el edificio se le dará la opción de volver a alquilarla», contradiciéndose con la declaración de Rafa, quien asegura que los vecinos nunca recibieron tal oferta.
Pero no fue el único. También se unió a la proposición Isabel Hernández, de 53 años, a la que el contrato le expira en apenas nueve días. Con las cajas de mudanza inundando su hogar, asegura haber vivido este último mes «en una crisis de ansiedad permanente». Reconoce que se trata de un proceso que se encuentra «dentro de la ley», pero que la especulación entre unos y otros por el mercado inmobiliario le ha «trastornado toda la vida». Un desahucio silencioso que es legal, pero no moral, señala uno de sus vecinos, Mariano Moragues.
Isabel lleva en esa vivienda unos 14 años. «Aquí conoces a tus vecinos, tu entorno, tu barrio, y ahora de repente te tienes que ver fuera porque a ellos les da la gana, porque no es que te quieras ir, es que te echan, te echan sin motivo para meter a otros. Ahora me veo obligada a irme fuera de València, en Massanassa, porque aquí no encuentro nada accesible, pero allí no tengo nada ni nadie», lamenta Isabel.
«No tengo a nadie aquí»
También la situación de Paola Menéndez es sangrante. Tiene 43 años y dos niños, uno de 11 años y otra de nueve. Sin alternativa habitacional, su contrato vence en apenas siete días. «He buscado en el mercado pisos para alquilar, pero no he encontrado nada que esté a mi alcance. Yo solo les pido que me den un tiempo, que tengo dos niños a mi cargo, que yo en España no tengo una madre, una suegra o una hermana para que se hagan cargo de ellos o con quien poder irme a vivir. Soy yo, mi marido y mis hijos», relata Paola, de origen peruano.
«Hemos mandado mails a la compañía y no obtuvimos ninguna respuesta, solo la que nos avisaba de que nuestro mes en mi casa ya estaba corriendo y tenía que irme», recuerda. Así que, después de varias llamadas, les anunciaron que «no había ya ninguna forma de llegar a un acuerdo» y que, llegada la fecha, tendrían que marcharse. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con una abogada. Paola ha decidido que, aunque llegue el día de dejar su casa, no se irá porque, entre otras cosas, no tienen ningún sitio donde ir. Tampoco quiere dejar de pagar, así que ha abierto una cuenta en el juzgado donde depositar el alquiler mes a mes, «tampoco quiero vivir gratis aquí».
La burbuja del alquiler en València ha provocado que en su mismo barrio los alquileres no bajen de 750 euros. Un precio al que es imposible hacerle frente también a Verónica Monteagudo. Su marido cobra 1.100 euros al mes, ella el subsidio. Además tienen un niño de dos años. «Ahora mismo no nos podemos permitir algo más de 600 euros», indica. Pero la vivienda asequible en la ciudad está en vías de extinción Y el mes que le dieron a Rafa, Paola o Isabel para encontrar una alternativa habitacional no es suficiente. Las viviendas de este edificio de Albors comienza, así, a quedarse vacías, pese a no rescindir su contrato.
Un edificio que dentro de un par de años (cuando se haya ido el último vecino) quedará desocupado, a excepción de los tres vecinos con alquiler de renta antigua a quienes no pudieron echar, pese a que intentaron comprar su vivienda. «Legalmente no podemos hacer nada, todo lo que están haciendo entra dentro de lo normativo, pero es que el problema que tenemos aquí, en la finca, de aquí a cuatros días la tendrá otra de al lado», señala Mariano. Y es que este es un problema estructural fruto de la gentrificación. Según datos de «València no está en Venda», hay alrededor de 11.138 apartamentos turísticos en la ciudad, lo cual fomenta esta subida del precio de alquiler, así como que en el último año fuesen atendidas unos 600 familias objeto de desahucio únicamente en la ciudad.
