La entidad vecinal de Isla Perdida, en el distrito de Algirós, ha logrado renovar la junta directiva tras enfrentarse al fantasma del cierre de la Asociación de Vecinos que vienen arrastrando desde principios de verano. Después de que el que fuera presidente durante 30 años amenazase en reiteradas ocasiones con disolver la entidad, varias vecinas y vecinos iniciaron movilizaciones, concentraciones frente a la sede, conversaciones con el Ayuntamiento de València y negociaciones con abogados para impugnar la disolución de la entidad. Y es que los integrantes de la asociación vecinal denunciaron la incompatibilidad de cerrar una entidad con más de 30 años de historia en una asamblea con solo un voto de diferencia. «Al menos se necesita la mitad de los votos, más un cuarto», indica Purificación Parra, la actual tesorera de la asociación. Parra, junto con Teresa Martín, la nueva presidenta de la entidad, fueron las que iniciaron la negociación con su abogado y la recogida de fondos para hacer frente al pago de un posible juicio. Llegaron a reunir, de hecho, 1.600 euros de vecinos y vecinas que renunciaban al cese de la entidad.
Un mes después de notificar en asamblea la disolución de la asociación, el que fue presidente envió una carta, sin validez legal (no estaba firmada, ni presentaba fecha) anunciando su dimisión, si bien ya había contratado un abogado para defenderse ante el posible juicio contra él.
Sin embargo, los gastos de este abogado, explica Purificación, ahora «tiene que pagarlo la asociación». Fue el pasado 20 de septiembre cuando convocó la asamblea en la que finalmente dimitiría, después de que Teresa y Purificación iniciasen conversaciones con el ayuntamiento y le enviasen la alternativa de la junta directiva que ellas presentaban, por lo que el mismo 20 de septiembre ya pudo constituirse.
A día de hoy, la nueva directiva sigue esperando el libro de cuentas del antiguo presidente para presentarlo al ayuntamiento y poder acceder a la llave de la ya salvada Asociación de Isla Perdida.
