Aproximadamente un centenar de inquilinos que viven en primera línea de la playa del Cabanyal podrán adquirir por fin las viviendas que han sido habitadas por sus familias desde hace más de cien años. El Ayuntamiento de València va a iniciar, a través de la empresa pública Pla Cabanyal, la venta de estos inmuebles a las personas que tenían, hasta ahora, «derecho de vuelo» sobre las edificaciones, pero que no «derecho de suelo». Las casas de dos alturas fueron en sus inicios, hace más de un siglo, pequeñas construcciones para los pescadores. La propiedad era de la Demarcación de Costas, pero 1991 las cedió al consistorio del Cap i Casal. Desde entonces, los gobiernos del PP evitaron regularizar la situación por su plan para el barrio (que fue declarado como expolio por los tribunales), y fue en el pasado mandato cuando el gobierno progresista inició los trámites para solucionar esta demanda histórica de los inquilinos.

Las viviendas están ubicadas en las calles Eugenia Viñes, José Ballester Gozalvo y Astilleros y su tipología es la típica del Cabanyal, ya que de casitas de pescadores evolucionaron a edificaciones de dos alturas (planta baja y primero). «Por fin sus inquilinos van a poder regularizar sus propiedades», ha anunciado esta mañana la vicealcaldesa Sandra Gómez. «En el PEC del Cabanyal hemos protegido estas construcciones y ahora podrá proseguir la regeneración de barrio, ya que por primera vez, cuando sean propietarios, podrán rehabilitar las casas», ha explicado.

Las casas de pescadores pertenecían al dominio marítimo-terrestre, pero el Estado las cedió en 1991 al Ayuntamiento de València. «En época del PP se denegó que familias pudiesen regularizar sus propiedades. Muchas personas vivían con la amenaza de la demolición. Incluso a algunas familias se les pagó entre 10.000 y 15.000 euros para que se fueran de sus casas, que están en primera línea de playa con un valor muy superior», ha lamentado Gómez.

«Con el cambio de gobierno se les permitió quedarse con esa vivienda y ahora por fin van a para poder comprarlas al Ayuntamiento. Hemos encargado a Plan Cabanyal la venta del suelo. De esta manera se convierte en una oficina urbanística de proximidad y resuelve un problema histórico», ha explicado la vicealcaldesa. Tanto ella como la titular de Patrimonio Municipal, Isabel Lozano, han firmado una moción para «dar solución a los vecinos de esas tres calles, que por fin ya pueden regenerar sus viviendas».

Gómez ha recordado que entre los inmuebles existen viviendas municipales que el anterior gobierno del PP compró para derribar. «Haremos diferentes proyectos, como vivienda propia o incluso vender alguna propiedad a los vecinos y vecinas. Es una cuestión que está pendiente de resolver», ha señalado.

La vicealcaldesa ha explicado que la operación «será una compraventa con todos los derechos para todos los propietarios, que consolida el derecho de suelo». Sobre el precio de venta, ha explicado que el consistorio ya hizo un cálculo en 2017 donde se fijaba un precio para las familias con escasos recursos de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y otro precio para familias sin problemas «pero asequible». «Se regulará según la capacidad económica de las familias y la zona donde se encuentre, pues la primera línea el precio era algo superior», ha dicho.