Las entidades Espai Veïnal Cabanyal, Associació Brúfol y Entrebarris han exigido una vivienda alquiler social para una familia desalojada en El Grao de València y sin alternativa habitacional, formada por dos mujeres y cinco menores, de entre dos y 12 años, de los que dos más pequeños sufren diferentes grados de diversidad funcional y una, además, tiene diagnosticada hidrocefalia e hipotonia.
Además, solicitan que mientras se les facilita el alquiler social, de acuerdo con su situación socioeconómica, se les garantice una alternativa habitacional que impida que puedan pasar "ni una sola noche a la calle", según detallan en un comunicado.
Las entidades explican que el pasado lunes la familia fue desalojada de la vivienda del Grao en la que estaban desde junio de 2019, perteneciente a un particular que se negó a "facilitarles un alquiler social, a pesar de los esfuerzos de la familia por contactar desde principios de agosto" y a pesar del apoyo de los vecinos, "hartos del abandono de la casa desde hacía años y ocupada por diversa gente".
Dos de los menores presentan diversos grados de diversidad funcional, una de ellas además está diagnosticada de hidrocefalia e hipotonia y otro sufre asma bronquial.
Al quedarse en la calle, los Servicios Sociales de Natzaret les ofrecieron una semana en una pensión de la zona, un plazo que acaba el miércoles 7 de octubre. La familia cuanta con ingresos escasos: las dos mujeres reciben 20 euros semanas por limpiar una de las habitaciones de la pensión, y una de ellas obtiene un bono de 100 euros mensuales a cambio de comida en supermercados financiado por la Fundación Secretariado Gitano.
Las entidades advierten de que, sin apoyo de los poderes públicos, la familia se quedará en la calle y destacan la "imposibilidad" de empadronarse en una vivienda, lo que "continúa agravando la situación" ya que, sin padrón, no tienen acceso a prestaciones sociales no rentas básicas que permitan asumir un alquiler social.
Estos colectivos aseguran que no permitirán que esta familia se quede en la calle y subrayan que no se trata de un caso aislado sino que responde a una "situación generalizada y desgraciadamente normalizada, de la violación del derecho a la vivienda", más aún, en un contexto de emergencia sanitaria "en el que la precariedad laboral se agudiza e impacta con más fuerza en perfiles vulnerables". En este caso, recalcan que son un ejemplo más de "feminización de la pobreza, sin ingresos y con cinco menores a su cargo".
