El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón en su primera resolución a los recursos presentados de la hostelería de la Plaza de la Virgen y les autoriza de momento a instalar las mesas. Se trata de los establecimientos El Micalet y la Catedral que presentaron un recurso contra la reducción de la superficie de terrazas por aplicación de la ordenanza de 2014 y solicitaba su suspensión cautelar.
Semanas atrás se llevó a cabo el pintado de los espacios habilitados para cada negocio de hostelería de la plaza. Sin embargo, ya entonces los responsables anunciaron que continuarían poniendo sus mesas habituales y que recurrirían. Éste ha llegado a la primera de las alegaciones y da la razón a los reclamantes.
El juzgado considera que «en establecimientos en los que gran parte de su atractivo se encuentra en las terrazas (...) pueden conllevar su cierre o el despido de sus empleadas, dadas las pérdidas económicas que les va a llevar una reducción de aproximadamente un 70 por ciento de la capacidad de la terraza que disponía antes de dictarse la resolución aquí recurrida, a lo que se ha de sumar el delicado momento por el que están pasando este tipo de negocios dada la grave crisis sanitaria».
Y es especialmente revelador que el juzgado desestima la alegación del ayuntamiento, en el sentido de que un exceso de terrazas genera problemas de circulación peatonal y la evacuación de personas. «Esta alegación deberá ser objeto de cumplida prueba en el procedimiento principal, dado que no existen indicios en esta fase que acredite los invocados problemas».
El equipo de gobierno ha anunciado que apelarán al entender que la gestión del dominio público municipal corresponde al consistorio y este se debe a sus ordenanzas. Y recuerdan que no se trata de una decisión firme, ni siquiera esta apelación, ya que afecta exclusivamente a la suspensión cautelar. «No da la razón a los demandantes sino que únicamente deja sin efecto cautelarmente la resolución».
También terció el Partido Popular, que se remitió a la la situación actual y a la conveniencia de aplicar la restricción en la actualidad. No hay que olvidar, en ese sentido, que la ordenanza la redacto en 2014 el anterior equipo de gobierno popular de Rita Barberá. Por eso, la concejala Paula Llobet se remitió a asegurar que «esta decisión judicial demuestra que no era necesario meter más presión a los hosteleros que atraviesan una situación muy delicada por la pandemia, y demuestra también que hace falta más empatía por parte del Gobierno con quienes sólo quieren trabajar y mantener los empleos de sus empresas».
