El concejal del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València Carlos Mundina ha anunciado este martes que el PP va a ampliar la denuncia que presentó hace más de un año en la Agencia Antifraude por las obras de la Plaza del Ayuntamiento al detectar los auditores posible fraccionamiento en tres contratos.
Según denuncia Mundina en un comunicado, la formación denunció ante la AVAF un "primer contrato a dedo, exprés y dado a una empresa vinculada con un alto cargo del Botànic" y ahora se ha decidido "ampliar la denuncia tras conocer el informe de los auditores donde señalan tres contratos relativos a la Plaza del Ayuntamiento y advierten de un posible fraccionamiento".
De acuerdo con el PP, desde el punto de vista de los auditories, "los tres contratos, que suman 32.750 euros (sin IVA), "cumplen una misma finalidad técnica y económica de las prestaciones que se contratan y, en consecuencia, se podría haber valorado la posibilidad de realizar un único expediente de contratación que cubriera el proyecto de remodelación en su totalidad (artículo 99 LCSP)".
"Vamos a aportar a la Agencia Antifraude estas auditorías que detectan deficiencias en la contratación y señalan claramente las obras del Ayuntamiento", ha señalado Mundina, quien ha recordado que el equipo gobierno de Joan Ribó "se ha gastado 1,2 millones de euros a través de multitud de contratos dados no sólo en la EMT sino también a través de las Concejalías de Movilidad y Urbanismo".
Por ello, ha anunciado que llevarán todos estos contratos a la Agencia Antifraude "ya que muchos de ellos se deben a un mismo objeto y queremos saber si ha habido fraccionamientos".
CR. Varlos Mundina y Marta Torrado, consejeros del PP en la EMT, han mostrado su "preocupación" ante las auditorías que este martes van al Consejo de Administración de la entidad, en las que se alerta de que no ha implantado un programa de prevención de riesgos penales que incluya medidas de vigilancia y prevención de responsabilidades; se detectan deficiencias en materia de contratación y se pide un mayor control sobre la documentación y plazos de pagos. entre otros, así como irregularidades en caso de transparencia.
"Sin duda lo más grave es la reclamación de la liquidación de la Agencia Tributaria de 10,5 millones de euros por no declarar el IVA de las aportaciones municipales". De hecho, los auditores hacen una "salvedad" en el informe de auditoría de las cuentas anuales ya que la entidad "debería haber registrado la provisión de riesgos correspondiente".
