Las tierras andaluzas observan con preocupación la feroz carrera iniciada por las eléctricas para instalar placas solares abarcando el mayor terreno posible. De ahí que la plataforma Alianza Energía y Territorio (Aliente) haya solicitado formalmente a la Junta de Andalucía una moratoria para la aprobación de grandes parques fotovoltaicos, así como la planificación y ordenación urgente de la implantación de estas instalaciones industriales en Andalucía.

Se trata de una petición que, sin embargo, los empresarios no creen que sea necesario atender, dado que, afirman, ya existe una normativa que garantiza que la localización elegida para la construcción de nuevas placas fotovoltaicas (y cualquier otra infraestructura) no genere un problema ambiental.

“Hay que ponerle freno a estos proyectos”, alega Marisa Casal, la portavoz de la organización ‘Valle Natural Río Grande’, que insiste en que los plazos deben ampliarse para repensar y estudiar el impacto que estas construcciones están teniendo en el terreno.

No es un conflicto nuevo. Como explica Raimundo Real, catedrático de Biología de la Universidad de Málaga (UMA) en declaraciones a Efe, siempre ha existido una cierta dicotomía entre desarrollo económico y energético y la urgencia de armonizarla “con la naturaleza, de la que dependemos”.

Otros 500 kilómetros cuadrados de placas solares en Andalucía

La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energías renovables afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de especies de flora y fauna exclusivas de estos espacios andaluces, donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.

En Andalucía, más de 600 parques fotovoltaicos están actualmente en proceso de tramitación, los cuales representan en conjunto una superficie de 500 kilómetros cuadrados. Se están promoviendo unos 22.000 MW de renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 MW.

Por tanto, en Andalucía hay proyectos presentados para generar un total de 22 GW, cuando los objetivos nacionales incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 son de 39 GW.

Sólo en el Campo de Tabernas en Almería, la potencia fotovoltaica proyectada en esta comarca es equivalente al 5,4% de la planeada en toda España para 2030.

En este sentido, Aliente considera que “antes de la aprobación y desarrollo de estos proyectos”, es necesario establecer áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala, “teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola, y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios”.

El sector eléctrico rechaza la moratoria

Para el sector eléctrico, “las moratorias no son necesarias”. “Tenemos una regulación en la cual se habla de que todos los proyectos tienen que presentar una declaración de impacto ambiental singular, pero también acumulativa y tienen que ver el efecto que tienen todas las plantas que se quieren hacer en la zona”, afirma el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.

El responsable de UNEF insiste en que todos los proyectos son evaluados por técnicos ambientales del Ejecutivo andaluz y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Por esta razón insiste que basta con “cumplir esa legalidad”, que además “da seguridad jurídica a las empresas para invertir”.

Aún entendiendo la posición empresarial,  Raimundo Real pone de manifiesto que la cuestión es cómo conseguir generar esa electricidad sin eliminar a especies que son vulnerables, ya que estos megaparques se suelen construir en zonas llanas donde habitan aves esteparias como son los sisones, aguiluchos cenizos, ganga común y ganga ortega. Como señala el catedrático, las plantas fotovoltaicas tienen un impacto en la naturaleza paisajístico, además de la destrucción del hábitat del que depende la fauna y flora local.

Y es que el estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni siquiera se conoce a fondo. Es el caso de las poblaciones de aves esteparias, de las cuales se desconoce sus poblaciones y las zonas más sensibles, debido a la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación para estas especies.

En concreto, los planes de estos nuevos parques fotovoltaicos en Andalucía afectarán a miles de hectáreas de terrenos de tradición cerealista y de estepas leñosas, de menor valor económico, pero de gran valor para las aves esteparias. Esta moratoria, permitiría estudiar más a fondo las comunidades que habitan en estas zonas para evitar su completa extinción.

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