La causa por el asesinato machista de la valenciana Pilar Garrido en México en julio de 2017, por el que había sido condenado por unanimidad a 47 años de prisión su marido, Jorge F. G., sigue abierta después de que un tribunal federal mexicano haya revocado la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas al estimar dos de los motivos esgrimidos por la defensa en su demanda de amparo. Por un lado al considerar insuficiente la fundamentación y motivación de la «prueba indiciaria y circunstancial», y por el otro, al no haber corroborado previamente la acreditación de los cuatro letrados que ejercieron la defensa en el juicio.
El Poder Judicial de la Federación obliga ahora a revisar si en el momento de la vista oral los supuestos letrados contaban con la debida acreditación para ejercer. En caso de que dicho proceso de verificación detecte cualquier fallo la sentencia establece que habría que repetir de nuevo el juicio por haberse vulnerado el derecho de defensa.
Respecto a la otra cuestión, el Alto Tribunal mexicano exige a la Sala de lo Penal que ratificó en junio de 2019 la primera sentencia condenatoria, de enero de ese mismo año, que fundamente mediante «indicios plurales e interrelacionados e inferencias lógicas» la conducta que se le atribuye al condenado. Así, achaca que se emplearon «argumentos incongruentes», como el comportamiento del esposo al tratar de obstruir las investigaciones o su «inusual conducta» como marido de una mujer desaparecida y víctima de un delito.
Pilar Garrido, de 34 años y natural de Massalavés , desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba en coche con su marido y su bebé de regreso a Ciudad Victoria, en el estado mexicano de Tamaulipas, tras pasar unos días en la playa en la localidad turística de La Pesca. La versión que dio su esposo a la policía en ese momento y que sigue manteniendo es que tres jóvenes armados les asaltaron y secuestraron a su mujer.
No obstante, la sentencia que tendrá que ser ahora revisada y fundamentada establece como probado que se trató de un feminicidio al avalar la tesis que mantenía la Fiscalía. Entre las 19.30 y las 20.00 horas, a la altura del kilómetro 55 de la carretera entre Victoria y Soto de la Marina, Jorge golpeó a su esposa y le provocó una contusión nasal. La víctima perdió el equilibrio y cayó, momento en el cual golpeó su nuca contra el suelo, de ahí la contusión que presentaba en el área occipital. Posteriormente el acusado «comprimió con sus manos y brazos el cuello de su víctima hasta ocasionar la fractura del hueso hioides», provocándole la asfixia por estrangulamiento.
Desde un primer momento los investigadores cuestionaron la versión que había dado el esposo de la valenciana desaparecida, al entrar en contradicciones y por su extraño comportamiento cuando supuestamente eran perseguidos, ya que dijo que, pese a esa situación, en lugar de seguir huyendo, paró el coche y que fue entonces cuando esos captores se llevaron a su mujer. La ausencia de petición de rescate o el hecho de que no se llevaran botín alguno —ni siquiera el teléfono del marido— hizo que las pesquisas se centraran inmediatamente en Fernández como principal sospechoso. Además, no cuadraban las horas y los tiempos invertidos para recorrer la distancia entre el punto en el que se produjo el supuesto asalto y su llegada a Ciudad Victoria.
El 26 de julio se encontraron restos óseos y jirones de ropa en las proximidades de esa carretera y quince días después las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de la valenciana desaparecida.
