Uno de los mantras que los negacionistas de la violencia machista, con los dirigentes de Vox a la cabeza, repiten sin cesar es que las mujeres denuncian para obtener ventajas económicas y laborales. Nada mejor que las frías cifras estadísticas para rebatir la mentira. Y para muestra, un solo botón. El primero, el de los subsidios. Incluso si a la renta activa de inserción (RAI) por violencia de género se le suma la ayuda autonómica que da la Generalitat, en este momento, el número de perceptoras de ese sostén económico es menor del que había en tiempos del PP. En 2013, por ejemplo, llegó a haber 5.399 mujeres maltratadas cobrando la RAI; en 2020, la cifra es de 5.288. Lo que sí ha crecido desde aquellos tiempos son las denuncias y las órdenes de protección —los jueces valencianos son de los que menos rechazan—. De las 16.635 denuncias interpuestas en el año valle (2016) se ha pasado a las 23.392 del año 2019, el último con cifras normalizadas, ya que 2020 está desvirtuado por la pandemia. En cuanto a las protecciones, fueron 5.564 en 2019, frente a las 4.068 de ese mismo 2013 o las 4.056 de solo un año antes.
