Las medidas cautelares adoptadas por la titular del Juzgado de Menores número dos de València respecto de los cinco menores detenidos por su presunta participación en la violación grupal a una niña de trece años y la presunta agresión sexual a una de doce, en una casa abandonada de Burjassot el pasado lunes, fueron tomadas sin que la jueza escuchara el testimonio de las propias víctimas, a quienes se les tomará declaración mediante cámara Gesell más adelante.
Como adelantó ayer Levante-EMV en su edición digital, la Fiscalía de Menores recurrió ayer de urgencia la puesta en libertad vigilada de los cinco menores, solicitando la revocación de la decisión de la magistrada y el inmediato internamiento de cuatro de los cinco acusados, dado que los hechos denunciados son «de extrema gravedad», se trata de víctimas «especialmente vulnerables» y las penas aparejadas al delito que se les atribuye –agresión sexual de menor– son muy altas y podría haber un riesgo de fuga.
La fiscal había instado el jueves el internamiento cautelar en un centro en régimen cerrado para cuatro de los arrestados, mientras que para el quinto pedía libertad vigilada con orden de alejamiento. El recurso presentado se basa en los propios argumentos que la jueza expuso en los autos de libertad, donde ya reconocía «indicios racionales de comisión de delito» y «factores de riesgo».
Pese a reconocer esos «factores de riesgo», la magistrada consideró que «no es el momento procesal para adoptar una medida cautelar tan gravosa» como es el internamiento en régimen cerrado de los menores detenidos.
Asimismo, aunque en los autos de libertad no cuestiona abiertamente la credibilidad de las víctimas, la jueza sí que hace referencia a cuestiones aportadas por los letrados de la defensa como las «contradicciones aparentes» de las niñas o «unos mensajes de Whatsapp», que deberán ser analizados en una fase más avanzada.
En el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Menores, que deberá de resolver la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València, también se recoge otra de las argumentaciones dadas del auto recurrido, como el escaso autocontrol de los impulsos o la falta de respeto en el ámbito escolar, circunstancias que «denotan el fracaso de corrección en el ámbito familiar, social y educativo, que imponen como urgente y muy necesaria una medida cautelar restrictiva de la libertad», concluye.
Aunque es relativamente habitual que en causas de este tipo por delitos sexuales con víctimas menores la toma de declaración de los perjudicados se retrase y se realice una prueba preconstituida, con una evaluación por parte de las psicólogas del Instituto de Medicina Legal, una vez pasado un corto periodo de tiempo, en una fase en la que las víctimas no estén tan afectadas, resulta llamativo que en una causa en la que tanto víctimas como presuntos autores son menores el juzgado pueda decidir una medida tan restrictiva como es el internamiento en régimen cerrado o por el contrario no adoptarla, como así ha sido, sin tener en consideración lo manifestado por las propias víctimas.
Así, en el atestado solo constan las declaraciones de las dos adolescentes, de doce y trece años, realizadas ante la policía. Los letrados de las defensas aprovecharon las mismas para alegar supuestas contradicciones entre ambas amigas, circunstancia que no pudo ser rebatida por la fiscal precisamente al no poder tomarles declaración en sede judicial.
Los expertos recomiendan que para evitar una doble victimización se realice una única declaración formal de las agredidas mediante prueba preconstituida, con todas las partes presentes como marca el principio de contradicción.
