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Víctor Almonacid Lamelas

Secretario de Ayuntamiento (a mucha honra). Jurista docente, ponente, y escritor (que no “escribiente”). Deportista. Semiexperto en algunas cosas (Derecho público, gestión municipal, administración electrónica…) y aprendiz de todo lo demás. Analista sociopolítico independiente.

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Este es un espacio web donde regularmente comentamos nuestras impresiones sobre Derecho, política, economía, Administración, sociedad, cultura y deporte, siempre desde el punto de vista constructivo de los que tenemos la buena voluntad (con más o menos acierto) de mejorar las cosas. TW @nuevadmon


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  • 12
    Junio
    2012

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    La crisis de las valoraciones y de los valores (por Miguel Vila Llopis)

    Ahora que nos han rescatado (sí, lo han hecho), es un buen momento para repasar los orígenes y evolución de esta terrible crisis de la que aún estamos lejos de salir. Mi compañero Miguel Vila ha redactado un excelente artículo al respecto poniendo el acento en el aspecto clave del urbanismo. Vale la pena leerlo detenidamente, y ojo a la conclusión: "el peligro de este rescate es que se realiza con dinero público para salvar un sector privado".

     
    LA CRISIS DE LAS VALORACIONES Y DE LOS VALORES.
     
    El ancho campo por el que discurre la actual crisis económica, se asemeja a un llano de inundación, colmatado en sus zonas mas bajas por las turbias aguas desmadradas de un cauce antaño tutelado por los Estados, y hoy desbordado, por la extrema liberalización de los mercados.
     
                    La mayor parte de los Paises Europeos están bajo las aguas, y algunos pocos como los alemanes, están situados sobre altozanos, desde los cuales  observan a modo de suricatos rampantes la imparable inundación, más preocupados en no mojarse los pies, que en detener una inundación económica, que acabará por engullirles.
     
                    Muchas son las razones de la crisis, pero en todo este caos, se nos hace necesario buscar marcadores, que ha modo de hilos conductores, nos ayuden a entender las causas de este desmadre económico, como paso imprescindible para encontrar la solución.
     
                    En este sentido y sin entrar en exhaustivos análisis macroeconómicos ajenos a mi profesión, creo conveniente destacar la existencia de una cierta relación entre los diferentes estadios de la crisis española y la ondulante reglamentación española relacionada con los diferentes criterios de valoración del suelo establecidos en la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen de Suelo y Valoraciones y en la Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo.
     
    Mientras la primera se basó en una concepción enormemente liberal de la clasificación y gestión del suelo, incluyendo el principio de residualidad en el suelo urbanizable, de modo que todo aquel suelo que no fuera susceptible de protección natural, ambiental, histórica y paisajística, pasase automáticamente a clasificarse como urbanizable, la siguiente ley, estableció que los terrenos se tasarían mediante la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación, sin tener en cuenta las expectativas urbanísticas y sustituyendo la teórica renta de la tierra, por la renta de la explotación.
     
                    El resultado de la ley  6/1998 puede sintetizarse según datos del BBVA para el periodo 1990-2007, en aumentos del suelo de más de un 1.200% en solo siete años, siendo la crisis y no la ley del suelo 8/2007 quien frenó este proceso.
     
                    Pero una vez inmersos en la mal llamada burbuja del ladrillo, pues debería llamarse del suelo, fueron las entidades de crédito las que durante años se beneficiaron de una valoración del suelo rústico en su poder, que incorporaba expectativas de generación de plusvalías, lo cual alimentaba fenómenos especulativos ante una hipotética reclasificación por decisiones políticas. Esas expectativas son las que engordaron los balances bancarios, con valoraciones artificiales completamente al margen de la realidad económica. Y es el nuevo criterio de valoración de la Ley 8/2007, el que supuso un fuerte contrapié en los balances bancarios, en unos momentos especialmente delicados para el sector, por sufrir fuertes problemas de liquidez y solvencia.
     
                    El Poder Ejecutivo de turno, conocedor de esta problemática contable, intentó dar solución a la misma, siendo primero el gobierno de J.R. Zapatero mediante Real Decreto-Ley 6/2010, del 9 de abril sobre medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, quien modificó el artículo 2 de la Disposición transitoria tercera de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, con la finalidad de ampliar hasta cinco años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, el plazo de la entrada en vigor de estos nuevos criterios de valoración, retrasando su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2011, con la única finalidad de salvar a bancos y grandes promotores. Asimismo, el nuevo gobierno de M. Rajoy, mediante Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, estableció una nueva prórroga extraordinaria, impidiendo así que el suelo urbanizable se convirtiera en rural, salvando de nuevo los balances de los bancos y promotores.
     
    Es decir, estos activos se podrán seguir valorando en términos contables como suelo urbanizable hasta el mes de julio de 2012, y los mercados, no solo lo saben, sino que además lo aprovechan en su beneficio, causando grandes turbulencias económicas en las fechas límites a las prorrogas, tal y como lo estamos sufriendo en la cercanías del próximo mes de julio. Y es alrededor de estos epicentros temporales, en donde podemos encontrar entre otras cuestiones, la prima de riesgo española en máximos históricos y el caso Bankia.
     
    Algunos analistas proclaman que estas medidas de prórroga suponen un alivio para el sector bancario y promotor, al no tener que reconocer las grandes pérdidas que implicaría el cambio de régimen valorativo, porque una depreciación del 90% en esos activos, supondría un agujero milmillonario en los balances de un deteriorado sector financiero.
     
                    A mi entender y valga la redundancia, posponer la solución, no es la solución, y esto parece tenerlo claro, no solo el gobierno de M. Rajoy, que así lo anunció en campaña electoral, para cambiar después de opinión al conceder una nueva prorroga, sino los mercados, porque con su avidez, han detectado el problema y como buenos depredadores, lo están explotando al máximo, mientras nuestros gobiernos, solo dan pequeñas soluciones, para engorde de los mismos.
     
                    Pero aún siendo grave esta problemática, lo peor para la economía española ha sido sus consecuencias, pues el bloqueo financiero que los bancos han infringido a la estructura social y económica de este país, ha acabado por desvertebrar su sistema productivo, no siendo útiles las multimillonarias inyecciones económicas a los bancos, y de poco, prolongar la agonía bancaria con la esperanza de que pudieran autoequilibrarar sus balances, pues como buenos banqueros, y al grito de sálvese quien pueda, primero se han intentado salvar ellos con el dinero de todos, sin darse cuenta que estaban acabando con todos sus clientes, y de paso con su propio negocio.
     
                    Parece que ya no hay solución a toda una secuencia de errores, porque desde el principio no se ha querido entender el problema, y consecuentemente no se ha querido encontrar la solución. Siguiendo un poco el ejemplo de Islandia, se debía de haber impulsado una quiebra tutelada de gran parte del sistema financiero-inmobiliario, exigiendo responsabilidades e incluso encarcelando a los amigotes que tuvieran responsabilidades penales por su fraudulenta gestión, pero se optó por dar largas al asunto, produciendo con ello un daño mucho mayor del que se quería evitar, como ha sido la quiebra de gran parte del entramado productivo, justificativo del inasumible índice de paro en España. 
     
                    El mal ya está hecho, pero más vale tarde que nunca, y por fin, el actual gobierno, obligado por sus socios europeos en vísperas de que finalice la prorroga establecida en el RDL 20/2011, no ha tenido más remedio que solicitar ayuda exterior para reflotar a los bancos, con la esperanza de que una vez equilibrados sus balances, puedan cumplir con su dominical obligación financiera, cuya falta, es la causante de la desestructuración económica de este país.
     
                    Pero el peligro de este rescate es que se realiza con dinero público para salvar un sector privado, sin haber previamente depurado responsabilidades de algunos bancos, que no muestran el más mínimo atisbo en cambiar sus hábitos de comportamiento, tanto en lo relativo a las valoraciones y transparencia de sus balances, como en los valores de sus comportamientos.
     
     
    Miguel A. Vila Llopis

     

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