Enfrentamos un curso difícil en cuanto a materia de adoctrinamiento escolar se refiere. El supuesto Estado de bienestar tiene varios frentes abiertos opuestos al derecho de los padres a que sus hijos no sean educados en contra de sus convicciones. Existe una amenaza constante de supresión de unidades para los centros privados concertados, incluyendo aquellos que optan por la educación diferenciada. Una insensatez teniendo en cuenta que este tipo de centros supone una importante contribución a la libertad de enseñanza.
Encontramos una enfermiza obsesión por erradicar la asignatura de religión católica de las aulas, donde se va asentando con fuerza la dictadura del lobby LGTBI, que supone una intromisión, y una interferencia grave, en la educación afectivo-sexual que muchos padres desean para sus hijos. Vemos también muchos mensajes de odio, por parte de demasiados profesores, que campan a sus anchas con comentarios de difamación a sacerdotes, a monjas y a todo aquello que suene a cristiano. Además, se suceden comentarios gratuitos sobre las bondades de la opción política elegida por el profesor de turno.
Todo ello constata las deficiencias graves del sistema educativo español y que los legisladores quieren ignorar presumiendo, a la vez, de luchar por un pacto educativo y de querer mejorar la calidad de la enseñanza. Las familias, que observan pasivas como los colegios e institutos les roban su derecho a educar a los niños. Una pasividad que se debe muchas veces a desconocimiento, pues gran parte de las cosas que suceden en los centros se dan a puerta cerrada; y muchas veces, los propios alumnos callan ante estos abusos por parte de sus docentes. Jorge Calandra. (Presidente de la Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza) Castelló.
