Nacho Martín, Castelló
Un informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado concluye que la diputación y el Ayuntamiento de Castelló no tienen derecho a colmar su pretensión de ser beneficiarios directos del reparto de la herencia Martell porque dicho caudal debe ser distribuido entre colectivos de acción social y sin ánimo de lucro del municipio.
Así lo ha reconocido la propia Generalitat en un informe interno de la Conselleria de Economía, dirigida por Gerardo Camps, que posteriormente fue sacado a la luz en una respuesta parlamentaria a preguntas de la diputada socialista Amparo Marco.
Esta circunstancia ha motivado que el Consell posponga el acuerdo sobre la admisión de las solicitudes de asociaciones y entidades públicas que desean acceder a la distribución de la herencia que exige una sentencia del Tribunal Supremo desde el año 2002.
La Conselleria de Economía alega que el objetivo de esta nueva demora es estudiar si acepta las recomendaciones de Patrimonio o si, por el contrario, se decanta en favor del ayuntamiento y la diputación de Castelló, que piden ser receptores directos de parte del caudal hereditario.
Para ello, la Conselleria de Economía y Hacienda ha encargado un segundo informe jurídico que se centrará únicamente en las solicitudes del alcalde y del presidente de la diputación, Alberto Fabra y Carlos Fabra respectivamente.
Según ha documentado la propia conselleria, el informe que el Consell había requerido previamente a la Dirección General de Patrimonio del Estado "pone de manifiesto que la tercera parte del caudal hereditario municipal y provincial no corresponde en puridad ni al ayuntamiento ni a la diputación, sino a instituciones públicas o privadas, de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales del municipio del domicilio del difunto o de la provincia respectivamente".
Con posterioridad a 2002 el Partido Popular ha enajenado al margen de cualquier subasta pública al menos cuatro propiedades de la herencia Martell valoradas oficialmente en más de 1 millón de euros antes de cumplir el reparto legal entre asociaciones sin ánimo de lucro que ordenó una sentencia del Tribunal Supremo. El fallo judicial, fechado en 2002, concluyó que la Generalitat Valenciana se había apropiado indebidamente de la fortuna sin testar de Josefa Martell Farcha, labradora castellonense que falleció en 1988 dejando una fortuna valorada por el PSPV en 120 millones de euros.
El Supremo ha reiterado que la Ley exige que una junta tripartita distribuya la herencia entre entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, el Consell retrasa la distribución y el ayuntamiento no ha presentado reclamación alguna al respecto, a pesar de que fue el propio consistorio, gobernado por el PP, el que interpuso el recurso contra la Generalitat Valenciana que entonces gobernaba Joan Lerma (PSPV).
Bloqueo de la junta
La Junta Distribuidora que exige la ley (compuesta por Consell, diputación y ayuntamiento) permanece bloqueada desde hace cuatro años y las operaciones inmobiliarias de bienes fuera de la subasta pública que exige la ley (el Código Civil y el Decreto 2091/1971) se han sucedido durante la última década.
Las operaciones inmobiliarias admitidas por el Consell hacen referencia a un solar situado en la confluencia de las calles Columbretes y José Barberá Cebría número 2, en las proximidades de la piscina provincial, un solar en las calles Doctor Ferrán y Miguel Servet (483.000 euros), un solar en la calle Enmedio (enajenado al ex presidente del Valencia, Francisco Roig, por 240.000 euros) y un solar en la calle Mayor número 83 valorado oficialmente en 351.000 euros.
La diputada del grupo autonómico del PSPV, Amparo Marco considera que las valoraciones "son irreales y no se ajustan al precio de mercado del momento, con lo cual se benefició a particulares e intereses privados sin respetar el procedimiento de pública subasta que exige la ley" Los socialistas han denunciado en los últimos tiempos los incumplimientos del ayuntamiento y del Consell a la hora de repartir una herencia que de distribuirse entre asociaciones sociales sin ánimo de lucro.
