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El Gobierno central negocia con las autonomías un nuevo pacto de educación, y uno de los puntos que con mayor fuerza reivindican los consejeros del PP es el fomento de la libertad de elección del centro docente. Esta medida se traduciría en una ampliación del número de conciertos si la demanda así lo requiere. La Generalitat, gobernada por el PP, no sólo es la punta de lanza de esta demanda, sino que ha impulsado los convenios con los colegios privados en los últimos años. A este respecto, 23 de los 26 centros de la órbita católica de Castelló (copan la mayoría de los de titularidad privada) están concertados por el Gobierno valenciano. Y los colegios católicos acaparan el 74% del total de conciertos.

Agrupan cerca de 13.000 alumnos más 800 profesores, según datos facilitados por la Asociación de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana. Los últimos convenios han sido aprobados en este mismo curso, concretamente en dos colegios de Betxí de Fomento de Centros de Enseñanza (Opus Dei). Asimismo, el Consell ha promovido conciertos singulares en los últimos años en la etapa de Bachiller en tres centros católicos. La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) confirma el respaldo de la conselleria a los conciertos y subraya que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha atendido parte de sus demandas en esta materia. Entre otras iniciativas, destacan el incremento de los conciertos hasta Bachiller.

"Nosotros creemos y defendemos la libertad de elección del centro docente por parte de los padres", afirma José Antonio Rodríguez, presidente de Concapa en Castelló. Una idea que cuenta con el total apoyo del Partido Popular, cuyas autonomías han convertido este instrumento, que implantó el Gobierno del PSOE en 1985 para garantizar la escolarización universal, en una herramienta clave en sus políticas educativas. El Partido Popular considera que se han de aprobar conciertos no sólo si escasea la oferta pública -según establecía la ley de 1985- sino también cuando existe demanda.

La Concapa y la patronal de colegios privados resaltan que un alumno de un centro concertado cuesta 1.500 euros menos al año que uno de la pública para las arcas del Estado. La Administración sufraga sus gastos de funcionamiento y los salarios del profesorado.

Los sindicatos de la escuela pública advierten, por su parte, que el Consell privilegia a la privada, y lamentan que no exija a los concertados los mismos requisitos que a la enseñanza pública en cuanto al proceso de matriculación.

Recuerdan que la mayor parte del alumnado inmigrante es absorbido por los colegios públicos y reclaman un reparto equitativo entre los dos modelos. Los sindicatos también han criticado que los privados con fondos públicos obvian solicitar la unidad de apoyo para alumnos discapacitados. De esta manera, dicen, pueden luego justificar su negativa a escolarizar en su centro a un estudiante con discapacidad.

No están obligados a disponer de este recurso, por lo que la mitad de colegios con conciertos de Castelló elude pedirlo, tal como muestran datos aportados por la misma conselleria.

Más gasto

La Asociación de Escuelas Católicas considera, con todo, insuficientes las ayudas del Consell a los concertados. Lamenta que los presupuestos de 2010 no contemplan un aumento mayor del IPC en el gasto de funcionamiento, y propone la adaptación al "coste real del puesto escolar", equiparándolos con la pública. La Federación Valenciana de Centros de Enseñanza privados demanda un equilibrio entre las dos alternativas.