Tras el escaso seguimiento de la huelga de funcionarios convocada por los sindicatos el pasado martes, la Federación de Servicios Públicos de la UGT de la Comunitat Valenciana ha decidido emprender un camino distinto para tratar de parar el recorte que el Consell ha aplicado a los funcionarios valencianos y al que venía obligado como consecuencia del decreto ley del Gobierno central.
La vía es más lenta y menos vistosa que las manifestaciones que han recorrido las calles estos días pero, de prosperar, podría ser mucho más efectiva que la presión política. El sindicato tiene previsto presentar esta misma semana un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al entender que el bocado a las nóminas de los empleados públicos podría ser inconstitucional. El sindicato se ha asesorado bien jurídicamente antes de dar este paso y basará su petición en jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Congelación, sí; recorte, no
En concreto, aportará dos sentencias del alto tribunal que apuntan que las retribuciones de los funcionarios pueden congelarse, pero no disminuirse. El sindicato cita fundamentos jurídicos de dos fallos, dictados el uno en 1995 y el otro en 2007 donde el Supremo entendió que las administraciones estaban legitimadas para modificar la estructura retributiva del personal funcionario, pero no para disminuirla.
Además, el sindicato basará su recurso en que el tijeretazo del 5% se ha aplicado con efectos retroactivos, lo que, en su opinión, contraviene la ley. Así, indican que aunque el primer recorte llegará en la nómina de junio, el descuento aplicado a las retribuciones en el último periodo se ha basado en un cómputo global.
Fuentes de la FSP-UGT explicaron a Levante de Castelló que recurrirán el decreto del Consell y no el aprobado por el Gobierno porque el sindicato carece de legitimidad para recurrir el acuerdo adoptado en su día por el Consejo de Ministros. Eso sí, pedirán al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que presente una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto-ley validado por las Cortes Generales.
