El subdelegado del Gobierno en Castelló, Antonio Lorenzo, se comprometió ayer a trasladar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa las reivindicaciones y propuestas de los alcaldes del litoral sur afectados por los deslindes planteados por el Ministerio de Medio Ambiente. Una reunión a la que asistieron los alcaldes de Almenara, Moncofa, Xilxes, Nules y Cabanes y representantes de los seis colectivos vecinales que defienden el mantenimiento de las viviendas. Alcaldes y plataformas acordaron mantener la próxima semana una reunión para abordar la situación y presentar por registro un documento con las acciones a plantear ante Costas.

Los colectivos implicados deben redactar un documento en el que concretar sus demandas. El alcalde de Moncofa, José Vicente Isach, apunta que en el texto se recogerá la petición de una moratoria de la Ley de Costas, la paralización de los deslindes en marcha, reclamar que se ejecuten las inversiones que determine el estudio del litoral encargado por Costas a la Universidad de Cantabria y que, una vez efectuado éste, se replanteen los deslindes, sobre la base de respetar las viviendas en dominio público.

El alcalde de Nules, Mario García, destacó ayer que "ahora debemos darle un voto de confianza al subdelegado y esperar que defienda nuestros intereses ante el Gobierno", aunque al tiempo afirmó que "deberá trabajar con sensibilidad, porque el tiempo pasa y si no se actúa pronto los problemas aumentarán".

García recordó que la reunión estaba pendiente desde octubre de 2009. Y expuso que en el encuentro se planteó al subdelegado la necesidad de que se tenga en cuenta a los municipios afectados a la hora de redactar el estudio que está realizando la Universidad de Cantabria. "No queremos que nos presenten ese estudio una vez realizado, sin que se haya tenido en cuenta la realidad de cada municipio", apostilló.

Animó también a Lorenzo a ratificar las declaraciones que en su día realizó el Secretario de Estado, en las que apuntaba la posibilidad de que se evitara el derribo de las viviendas que fueran legales antes de la aprobación de la ley. Según García "entendemos que en este caso, todas las viviendas afectadas por la amenaza de derribo en Nules eran legales a partir de ese momento".