PORTADA

Primer derribo por orden judicial

Una grúa demolía ayer gran parte de las tres plantas del edificio Portomar situado en primera línea de playa
de la Concha de Orpesa El TSJ sentenció que era "ilegal" y "nula" la licencia de obras otorgada por el consistorio en 2004

 
La máquina trabaja en la demolición del Portomar frente a la playa de la Concha.
La máquina trabaja en la demolición del Portomar frente a la playa de la Concha.  levante-emv

RAMÓN PARDO CASTELLÓ
Ayer comenzó la demolición del edificio Portomar, en la playa de la Concha de Orpesa, cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, que declaró ilegal y nula la licencia de obras otorgada en 2004 por el ayuntamiento. El derribo de este edificio es el primero que se efectúa en la provincia en los últimos años tras un fallo judicial que sanciona su ilegalidad. En este caso no viene determinado por la aplicación de la Ley de Costas, sino por las irregularidades de su construcción. El consistorio pagará la demolición que asciende a 100.000 euros, tal como fija el alto tribunal valenciano.
A última hora de la tarde fueron muchos los curiosos que se acercaron a presenciar la demolición, cercana al paseo de la Concha. El pleno acordó el 2 de febrero pasado el proyecto del derribo que ayer se hacía efectivo. Dede el equipo de gobierno del PP orpesino se reitera que el derribo confirma el respeto a las decisiones judiciales, sin entrar en mayores valoraciones ni en especulaciones sobre el otro derribo pendiente en Orpesa y dictado por un tribunal, el del edificio Bernat.
El Portomar es un edificio de tres plantas, ubicado frente a la Concha, construido hace apenas dos años y que nunca ha estado habitado. Además tiene un único propietario que fue quien presentó el proyecto para demolerlo.
Tras el derribo, el propietario del inmueble deberá ser indemnizado por el consistorio, habida cuenta de que fue el consistorio actual quien en 2004 le concedió la licencia de obras para construirlo. Para ello se basó en el informe del arquitecto municipal, que avaló la legalidad de la construcción.

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