Los abogados de las partes del caso Fabra comparecen esta mañana en el Juzgado de Nules para realizar sus alegaciones sobre la apertura de juicio con jurado contra el presidente de la Diputación de Castelló y 12 imputados más. Este trámite supone una especie de mini-vista previa antes de que el juez instructor, Jacobo Pin, decida si abre juicio oral contra Carlos Fabra o si archiva la causa.
En principio se trata de un trámite procesal en el que los letrados defensores del presidente de la Diputación de Castelló solicitarán, previsiblemente, que no se inicie juicio con jurado contra su defendido al entender que no existen pruebas de que haya cometido delitos contra la Administración Pública (tráfico de influencias y cohecho) en sus supuestas mediaciones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para favorecer a la empresa fitosanitaria Naranjax a cambio de comisiones millonarias.
A su vez, los representantes legales de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE) podrían solicitar nuevas pruebas y se mostrarán de acuerdo con la apertura de juicio con jurado decretada por el juez Jacobo Pin en un reciente auto.
Por su parte, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, mantendrá que existen pruebas suficientes para concluir que Fabra cometió al menos 5 delitos fiscales por más de un millón de euros, aunque considera que este asunto no debería enjuiciarse ante un jurado popular porque un ciudadano medio no dispone de conocimientos técnicos suficientes sobre casos de fraudes a la Hacienda Pública.
Por este motivo el fiscal ha recurrido el auto de apertura de juicio con jurado de Pin y ha solicitado que la causa se siga tramitando como un procedimiento abreviado más.
En última instancia, y tras escuchar a las partes, el juez decidirá si sigue adelante con el proceso o si da carpetazo. La decisión podría tomarla hoy mismo "in voce" o en un plazo de tres o cuatro días, según informaron fuentes judiciales próximas al caso.
Pin acordó en un reciente auto fundamentado transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas a finales de 2003 contra los 13 imputados del denominado "caso Fabra".
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el instructor entiende que, "en principio", y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado.
De acuerdo con el juez instructor, a estos delitos se deben sumar otros "conexos" en lo que a Fabra y a su esposa, María Amparo Fernández, se refiere, "como son los relativos a la Hacienda Pública".
