La falta de fondos del Ayuntamiento de Castelló también está afectando a los servicios de seguridad y emergencia de la ciudad. El equipo de gobierno adeuda a los policías municipales y bomberos extras de productividad de cuatro mensualidades, incluyendo los festivos, y ha decidido dejar de financiar a partir de 2011 las actividades físicas de los agentes y bomberos en gimnasios privados, según revelaron ayer a Levante de Castelló fuentes policiales y sindicales.

El ejecutivo local, según las mismas fuentes, sólo ha destinado dos extras desde junio, y estas dos se han sufragado este mismo mes. La cantidad global que adeuda a policías, bomberos y agentes de movilidad se desconoce, pues la cuantía de los extra varía cada mes y no todos los efectivos hacen horas extraordinarias. No obstante, la deuda podría rondar los 200.000 euros, teniendo en cuenta que cada agente cobra de media por este concepto unos 150 euros al mes y que las fuerzas de seguridad suman unos 400 efectivos.

Estos retrasos han provocado preocupación entre las fuerzas municipales de seguridad, tal como trasladaron ayer varios policías a este diario. El sindicato CSIF expresó su malestar con esta demora y apuntó que trabaja a nivel interno para solucionar esta problemática.

A estos impagos se añaden, además, los planes del gobierno local del PP de eliminar en 2011 un servicio en marcha desde hace más de una década, como el de los conciertos con gimnasios privados, por el que policías y bomberos utilizan gratuitamente instalaciones privadas para su obligado entrenamiento personal. Además de afianzar la óptima y necesaria preparación de la plantilla, también evita una posible masificación de las instalaciones públicas. En ese sentido, una circular interna trasladada a los agentes por la jefatura policial avisa que por la crisis económica las actividades físicas del cuerpo pasarán en 2011 a realizarse en instalaciones municipales del Ayuntamiento de Castelló, concretamente, en la piscina municipal y en la pista de atletismo Gaeta Huguet. También en las piscinas de Castalia y el Grau, aunque en este caso en horarios limitados, explicaron fuentes policiales y del CSIF.

Este recorte puede agrietar la relación del ayuntamiento con los cuerpos municipales de seguridad y emergencia. Más del 60% de los efectivos acuden a los gimnasios privados en base a los conciertos. Y a partir de 2011, los agentes que quieran continuar con cursos de combate o defensa, por ejemplo, relacionados con artes marciales, deberán pagárselo de su bolsillo, pues las dotaciones públicas carecen de esta oferta.

Asimismo, causará una saturación de los servicios públicos y dejará sin una fuente de ingresos importante a los centros privados.