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La Conselleria de Educación sigue defendiendo la implantación de centros de gestión privada promovidos en suelo público en Castelló y argumenta que este modelo le permitirá ahorrar 7 millones de euros por centro en comparación con un colegio público gratuito.
Así lo manifestaron ayer los portavoces oficiales de la conselleria en respuesta al aluvión de críticas procedentes de sindicatos, partidos políticos y asociaciones de padres y madres de alumnos. Todos ellos reaccionaron con rechazo y preocupación ante el anuncio realizado el pasado 7 de septiembre por la directora general de Educación, Beatriz Gascó, y el subsecretario de la Conselleria de Educación, Jesús Marí.
Ambos fueron los encargados de anunciar en rueda de prensa que la Generalitat licitará en enero los primeros centros de gestión privada concertada en la provincia de Castelló. Eso sí, en aquel momento, el subsecretario y la directora general señalaron que la conselleria había identificado en Castelló "tres o cuatro zonas" en las que prevé construir los mencionados colegios. Ahora, el gabinete de comunicación de la Conselleria de Educación puntualiza que el total de centros licitados en la Comunitat Valenciana en el mes de enero serán cinco, aunque no quiso determinar el número de colegios previstos en Castelló.
Según la conselleria, en estos momentos se está negociando con los ayuntamientos de los municipios implicados y "existe un compromiso de no informar de las ubicaciones que se están negociando".
Los nuevos espacios educativos de gestión privada -bautizados como Centros de Iniciativa Social (CIS)- serán adjudicados a empresas que recibirán suelo público de forma gratuita a cambio de construir un centro privado concertado y de explotarlo durante 75 años pagando un canon anual.
De este modo, la conselleria se ahorraría el coste de alzar nuevos centros y de mantenerlos en un contexto marcado por la falta de liquidez y por la incertidumbre respecto a los 60 proyectos del Mapa Escolar de 2004 que todavía se encuentran pendientes en la provincia de Castelló. El Consell tampoco tendría que contratar profesorado, ya que de ello se encargaría la concesionaria.
La cruz de la moneda es que estos centros dejarán de ser gratuitos y tendrán un coste de matrícula fuera del alcance de buena parte de los bolsillos castellonenses. Además, el modelo de gestión privada abre un debate sobre los efectos que pueda tener sobre la libertad de cátedra el hecho de que los profesores ya no sean funcionarios de la Administración pública y pasen a depender de una empresa con ánimo de lucro.
Corrigiendo desequilibrios
La directora general de Educación, Beatriz Gascó, explicó que su objetivo es "corregir" un supuesto desequilibrio: "solo el 33% de los centros de la Comunitat son privados. En otras comunidades este porcentaje es mucho más alto. Queremos corregir ese desequilibrio". Por su parte, Jesús Marí alegó que el coste para el Consell de un estudiante "en un centro privado es de 3.054 euros y en uno público es de 6.464; con lo cual hay un ahorro de 3.400 euros".
