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La crisis económica ha disparado las consultas y quejas de los castellonenses ante el Síndic de Greuges, aunque la provincia de Castelló sigue siendo -con diferencia- la que menos se queja de las supuestas vulneraciones de derechos cometidas por las administraciones públicas la Comunitat Valenciana.

La memoria 2010 del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana indica que el número de consultas ante el Síndic referidas a Castelló pasaron de las 491 de 2009 a 858 en el año 2010. Esta cantidad supone un incremento del 74% respecto al año anterior. Pese a ello, no pasa desapercibido que las consultas provenientes de las comarcas castellonenses apenas superan el 7% del total de la Comunitat y quedan lejos de las 5.087 de Alicante y las 5.353 de Valencia.

No resultan tan elevadas las quejas finalmente interpuestas, que en el caso de la provincia de Castelló sólo ascendieron a 420 y suponen sólo un 5% de las 9.250 registradas en la Comunitat Valenciana.

Los abusos urbanísticos y los recortes en educación pública, sanidad y bienestar social son las principales preocupaciones de los ciudadanos que han presentado su queja ante el Síndic, que también hace propia esta inquietud y exige mayores esfuerzos en una memoria no vinculante que, pese a ello, sí se ha convertido en una reprimenda a la gestión de la Generalitat Valenciana. El volumen más acusado de protestas se enmarca en el urbanismo y, en palabras del propio Síndic, las quejas más habituales son las siguientes: "viviendas que carecen de infraestructuras de urbanización (agua, luz, alcantarillado, etc); los retrasos y dilaciones indebidas en la aprobación y ejecución de los proyectos de reparcelación, así como la falta de contestación a las alegaciones presentadas contra los mismos, y la insuficiente valoración del suelo de las personas afectadas por un programa de actuación integrada".

No en vano, estas cuestiones son las que pueden tener un mayor impacto a corto plazo sobre la mermada economía de los ciudadanos castellonenses.