La Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, vinculada a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), ha unido su voz a la del investigador Policarpo Sánchez, quien denunció que el Gobierno catalán está retirando del archivo de Salamanca documentos de ciudadanos valencianos incautados durante la Guerra Civil.
La ley de 2005 restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil permite al gobierno autónomo trasladar a su archivo los papeles requisados en suelo catalán por las tropas franquistas. El experto en patrimonio Policarpo Sánchez denunció posibles irregularidades, ya que, al amparo de la citada ley, podría estar saliendo de Salamanca documentación de valencianos que no tienen ningún vínculo con Cataluña. Incluso manifestó sus dudas respecto a que algunos archivos fueran realmente requisados en tierras catalanas.
El presidente de la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Manuel Vicent, se ha unido a esta denuncia. Según dice, la Generalitat catalana "se ha estado llevando de Salamanca documentación que fue incautada en otras comunidades autónomas, como la valenciana". Citó el ejemplo de un lote de archivos de Vinaròs , correspondiente "a la incautación que se realizó en esa localidad y que pertenecía a numerosas organizaciones pero nunca al Gobierno catalán".
"Este hecho pone de relieve que la legislación se está interpretando a gusto del Gobierno catalán. Para unos casos se aplica el principio de procedencia del territorio donde fue incautada; para otros el principio de procedencia de la sede de la organización; y en otros el principio de procedencia que más interese a la Generalitat de Cataluña", explica. A su juicio, se trata de "una perversión política, una indignidad histórica y el mantenimiento de una injusticia innombrable con los que fueron víctimas de la dictadura".
La denuncia de "expolio" motivó la respuesta de la Comissió de Dignitat, una entidad catalana que promovió el regreso a Barcelona de los documentos interceptados en Cataluña. Su portavoz, Josep Cruanyes, negó que se estén retirando de Salamanca archivos de otras comunidades autónomas. Según dijo, sólo se han trasladado a Cataluña legajos requisados por Franco en las centrales regionales de la UGT, la CNT o el PCE.
El investigador Policarpo Sánchez desmiente esta afirmación. Según dice, "el PCE, la UGT y la CNT son organizaciones con una sola personalidad jurídica, que no se pueden fraccionar por territorios. Los técnicos contratados por la Generalitat de Cataluña han creado artificialmente archivos catalanes, que nunca existieron. Separaron los documentos catalanes en las cajas donde se encontraban unidos con los del resto de España, desgajándolos de su procedencia: la UGT y la CNT".
Llamamiento al Consell
La Generalitat valenciana trasladó a este diario que no puede intervenir si no hay una reclamación de documentación por parte de particulares o asociaciones. Policarpo Sánchez señala que la conselleria "tiene razón", pero le instó a pedir al Gobierno central "que cumpla la ley".
"Al no existir reclamaciones dentro de la Comunitat Valenciana para restituir su documentación incautada por Franco, terceros se han aprovechado para llevársela. La Conselleria de Cultura de la Comunitat Valenciana debe exigir al Gobierno central y al de la Generalitat de Cataluña su devolución inmediata al Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, al no tratarse de documentación de particulares catalanes, sino valencianos", concluye Policarpo Sánchez.
