El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, dio ayer por rotas las conversaciones para llegar a acuerdos con el Gobierno valenciano sobre el sistema público sanitario tras el anuncio de cierre de 262 camas hospitalarias.

El lider socialista ha calificado esta decisión "del mayor recorte y la mayor operación de desmontaje de la historia" del sistema de salud público, y ha pedido la destitución de la secretaria autonómica de Sanidad, Manuela García, que ayer presentó el plan de optimización de camas, y del conseller, Luis Rosado.

El dirigente socialista considera a García y a Rosado "copartícipes" de la "mentira" del president de la Generalitat, Alberto Fabra, que dijo "que no iba a haber ningún recorte en materia de sanidad", educación y políticas sociales. Según ha dicho, es "sorprendente en boca de un responsable sanitario" decir que el inicio de la "operación de liquidación" del sistema se debe a que "hace calor en octubre".

"Han decidido dejar a mitad de construir el hospital público de Gandia y el de Llíria y, después de engaños y carteles, no construirán los de Torrent, la Vall d'Uixó y Ontinyent", ha lamentado.

Ello supone, ha afirmado, no crear 1.250 plazas hospitalarias, no invertir 200 millones y generar "3.000 puestos de paro", entre empleos directos e indirectos.

Estos recortes se producen en una comunidad en la que, a su juicio, se necesita inversión "más que en ningún sitio" porque hay 1,9 camas por cada mil habitantes frente a las tres camas de media nacional. "Ni una fundación, ni un sarao ni un pago a Ecclestone a costa de cerrar una cama o contratar a un médico menos", ha manifestado Alarte, quien se ha preguntado cómo se eliminan camas habiendo lista de espera.

El PSPV organizará reuniones comarcales con colectivos ciudadanos y de profesionales, asociaciones de vecinos, portavoces municipales y alcaldes para tomar iniciativas en favor del sistema sanitario público.

El dirigente socialista ha propuesto a Fabra una ley que imponga un límite de 1.500 millones de gasto de las fundaciones y empresas públicas de la Generalitat y un máximo de 30 entidades, así como una ley de eficiencia del gasto público para reducir el 15 % del presupuesto de la Generalitat, de cerca de 14.000 millones, excepto en política sanitaria, educativa y de servicios sociales.

Con estos ajustes, el Gobierno valenciano podría ahorrarse en un años 3.000 millones de euros.