Esperando la ayuda de la Ley de Dependencia. Así, han fallecido unos 1.700 castellonenses desde que el 1 de enero de 2007 entrara en vigor la nueva normativa. Han sido muchas las familias que tiempo después de la muerte de un familiar han recibido la carta que acreditaba el reconocimiento, después de años de trámite y una espera que en caso resulto angustiosa.
La Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència de Castelló no cesa en su empeño de que el proceso administrativo se acelere y los expedientes se resuelvan en el plazo máximo de seis meses, como establece la ley, para evitar este tipo de casos, que ponen en entredicho la gestión del Consell en su aplicación. El Síndic de Greges ya acumula decenas de quejas a este respecto y ya ha instado a Bienestar Social en reiteradas ocasiones para que ejecute a la máxima brevedad el pago retroactivo a los familiares de la persona dependiente ya fallecida.
El último en alzar la voz al respecto de la lenta e ineficaz puesta en marcha de esta ley de protección social a los dependientes fue ayer el Ayuntamiento de Vila-real, quien denunció que un 10 por ciento de personas mueren en la localidad antes de obtener las ayudas. Un total de 85 personas han fallecido en estos casi cinco años sin poder disfrutar de este derecho, después de estar esperando, en algunos casos más de un año y medio, la resolución por parte de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
Según la concejala de Servicios Sociales de Vila-real, Mònica Álvaro, "estos números evidencian el gran drama que existe en la aplicación de esta ley en Vila-real". Desde que entrara en vigor la Ley de la Dependencia, 834 personas han sido atendidas en los Servicios Sociales de la localidad para empezar con los trámites. De ellas, tan sólo 296 reciben alguna de las prestaciones que les corresponde, lo que supone un 35 por ciento y, actualmente, existen 277 expedientes pendientes de resolución. "Les toca esperar 14 meses para obtener la ayuda que precisan", indicó la edil.
Perfil
El perfil de personas que solicitan la Ley de Dependencia son gente mayor que precisan de una prestación económica para que sus cuidadores se puedan hacer cargo de ellos o personas que piden ingresar en una residencia. En el caso de Vila-real, la conselleria asigna las plazas para las residencias situadas en la calle Ermita y en Novaire, las dos instalaciones con las que tiene convenio la administración autonómica.
Según la concejal, aunque las obligaciones de los Servicios Sociales municipales finalizan en el momento de remitir el expediente a la Conselleria, "son muchas las quejas que nos llegan por incumplimiento de los tiempos de espera en las diferentes fases del proceso y somos la administración más cercana para el ciudadano".
La crisis económica no ha hecho más que acrecentar las continuas demoras y problemas que rodean a la aplicación de esta ley en la provincia de Castelló, así los retrasos en los reconocimientos técnicos y en el pago van en aumento. Hace a penas 15 días, un total de 2.077 dependientes graves de la provincia aún no habían cobrado las prestaciones de agosto y septiembre.
