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La rescisión del contrato con la concesionaria del aeropuerto de Castelló puede suponer para la Generalitat un desembolso multimillonario. La empresa aspira a recuperar los 42 millones de euros que ha invertido, a los que hay sumar los más de 30 millones del crédito con los bancos, que debería asumir la Generalitat. Por último, el gobierno valenciano tendría que renunciar a recuperar los 40 millones que prestó a la concesionaria.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, manifestó anteayer en Vila-real su voluntad de llegar a un acuerdo con Concesiones Aeroportuarias tras la ruptura unilateral del contrato de explotación de las instalaciones de Vilanova-Benlloch. La empresa gestora ha dejado claro que si el Consell le echa del aeropuerto tendrá que indemnizarle por la inversión realizada en la construcción de la infraestructura.

El gran interrogante es saber cuánto le va a costar a las arcas autonómicas su decisión de desvincularse de la concesionaria. El aeropuerto ha supuesto una inversión que supera los 110 millones de euros, sin contar los sobrecostes, con tres fuentes de financiación. La principal es el préstamo participativo que concedió la Generalitat, por un importe de 40 millones de euros. La concesionaria ha puesto 70 millones, de los que 30 corresponden a fondos propios y 40 a un préstamo con un sindicato de bancos. Rescatar la concesión podría obligar a la Generalitat a pagar a Concesiones los 30 millones que puso, a los que se unen otros 12 millones en concepto de sobrecostes diversos. Además, tendría que hacerse cargo del crédito de la concesionaria con los bancos, con los que tendría que renegociar las condiciones. Por último, debería asumir que el préstamo que concedió no tendrá retorno.

Esas son las condiciones que aceptaría la concesionaria, que no está dispuesta a perder dinero. El esfuerzo económico de la Generalitat sería muy grande, teniendo en cuenta la maltrecha situación de sus arcas. Además, tiene pendiente la contratación de una empresa que se encargue de la comercialización de las instalaciones aeroportuarias.

Si la vía amistosa no da frutos, tendrá que decidir un juez. La empresa concesionaria ha interpuesto una demanda por incumplimiento de contrato, basada en que la Generalitat no ha aprobado la carta de patrocinio -un aval público- como se comprometió en la novación del contrato firmada el pasado mes de marzo.

En su demanda, reclama a la Generalitat valenciana la resolución del contrato y la devolución del dinero que ha puesto. La gestora se ha visto obligada a emprender acciones judiciales para protegerse ante sus proveedores y los bancos que le prestan capital. Además, se prepara para declarar un concurso de acreedores.

Colomer critica el gasto en la escultura

de Ripollés

El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha contrastado los más de 300.000 euros de dinero público que se van a gastar en la estatua "megalómana" de Carlos Fabra en el aeropuerto, con el "drástico recorte" que se está llevando a cabo a las subvenciones para asociaciones sociales.

Así se ha pronunciado en un comunicado tras hacerse público que el mismo día en el que "salta el escándalo" del gasto de más de 50 millones de las antiguas pesetas en una estatua dedicada a Fabra "se recorta a la mitad la subvención prevista a la asociación de familiares de personas con Alzheimer".

El también secretario provincial considera un "insulto" que el PP "esté aplicando recortes en Educación, en Sanidad, que esté subiendo los impuestos de forma desproporcionada a las rentas medias y bajas, y esté reduciendo a la mitad las subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro, mientras ha despilfarrado lo que no está escrito en la Fórmula 1, en la trama Gürtel y en la estatua de Fabra".

Albiol recuerda que el contrato se revisó hace menos de un año

La diputada autonómica de EUPV Marina Albiol considera que las declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre la ruptura del contrato con la concesionaria -en las que afirmaba que el aeropuerto no puede afrontar gastos de tiempos de bonanza- "es una burla para miles de familias castellonenses que vienen sufriendo la crisis desde 2008". Albiol considera "insultante" que Fabra justifique la rescisión del contrato apelando a la coyuntura económica provocada por la crisis. "El contrato lo firmó Carlos Fabra no hace ni un año, no estamos hablando de un contrato del 2005, no sabemos si desde la poltrona de presidente no se ha dado cuenta que la crisis ya la venimos sufriendo desde 2008, y estamos a 2012", afirmó.