La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, advirtió ayer que unos 80 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana "podrían estar este año en quiebra", ya que la mala situación económica ha puesto a los consistorios "en una situación desoladora".

Así lo indicó en una entrevista en el programa Bon Matí de Ràdio Nou, de la cual la radio autonómica informó en un comunicado. La también alcaldesa de Alzira (Valencia) pidió la creación de una Ley de Gobierno Local "que pueda clarificar las competencias de los diferentes niveles de la administración, porque se podría ahorrar mucho".

Según Elena Bastidas, en estos momentos el 30 por ciento de los recursos de los ayuntamientos van destinados a solucionar competencias que no son propias de los consistorios. Paralelamente, también pidió con "carácter urgente" una reforma del sistema de financiación local "porque está prácticamente intacto desde la Constitución del 78, y un cambio en este punto nos permitiría poder cumplir los compromisos con los proveedores".

La presidenta de la FVMP alertó de que el plazo de pago ha pasado de un máximo de tres meses a estar entre los seis meses y tres años. "Eso está perjudicando gravemente a muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas", advirtió.

En cuanto al debate abierto sobre la conveniencia o no de las diputaciones provinciales, Elena Bastidas señaló que se trata de una reflexión "de futuro". "Ahora es necesario tenerlas al lado, porque nos ayudan a desarrollar proyectos, programas e iniciativas que de otra manera no podrían llevar adelante", manifestó. La alcaldesa de Alzira también apuntó la posibilidad de mancomunar servicios entre ayuntamientos, cosa que ya hacen algunas localidades de la Comunitat. De hecho, el nuevo decreto del Consell por el que regula la creación de la central de compras de la Generalitat incluye la posibilidad de que la administración o sus empresas públicas se adhieran a sistemas de contratación centralizada del Estado o de otras comunidades autónomas. La norma, aprobada el viernes por el pleno del Consell, ahorrará en contratación.