Los socialistas han hecho un primer cálculo del incremento impositivo que supondrá para cada familia de la provincia la nueva política fiscal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. De esta forma, según los socialistas, cada familia deberá pagar este año, aproximadamente, 535 euros más de los que pagó el pasado, según ha adelantado la diputada en el Congreso, Susana Ros.

Pero para conocer con exactitud este dato, la diputada ha presentado una batería de preguntas en el Congreso para que sea el Gobierno quien concrete todas y cada una de las consecuencias que tendrá para los ciudadanos y ciudadanas de Castelló las medidas impulsadas en el Real Decreto aprobado el 30 de diciembre, entre las que también está la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Así lo ha anunciado Ros, quien ayer compareció en rueda de prensa con la coordinadora del grupo interinstitucional y vicesecretaria provincial, María José Salvador, en la habitual comparecencia que tiene lugar cada lunes para dar cuenta de los temas abordados en la reunión a la que asisten los diferentes parlamentarios. Ros explicó que "los socialistas queremos saber cómo va a afectar la subida del IRPF y hemos pedido que se desglose por tramos".

"Otra de las preguntas va en la subida del IRPF y queremos saber desglosado por tramos, porque consideramos que se trata de medidas injustas e ineficaces, porque ni van a permitir generar empleo, ni van a incentivar el consumo, con lo que único que van a conseguir es ahogar aún más a las familias", asegura. De hecho, para los socialistas, estamos ante un Real-Decreto que "creará más desigualdades y dejará más débiles a quienes peor lo están pasando, por eso hemos presentado 27 preguntas en contra de estas medidas injustas para todo el mundo, pero especialmente más perjudiciales para Castelló provincia, que concentra uno de los mayores incrementos del desempleo de toda España".

Las casi treinta preguntas hacen referencia a temas como la Ley de Dependencia, y por eso la diputada quiere saber a cuántas personas les privarán de este derecho, al paralizar el desarrollo de su aplicación. Los socialistas han calculado que aproximadamente serán 40.000 los afectados en la Comunitat Valenciana, de los que 4.000 corresponden a la provincia de Castelló.