La avenida Generalitat de Almassora atraviesa sus horas más difíciles cuando se cumplen 15 años de la puesta en marcha del proyecto. Tal día como el pasado viernes, pero en 1997, el pleno aprobaba con carácter definitivo el Plan Especial de Reserva de Suelo que permitió al consistorio obtener un solar de 46.707 metros cuadrados. Desde entonces y hasta la fecha se han sucedido los litigios en sede judicial para fijar las indemnizaciones a los expropiados. A la deuda, pendiente de sentencia definitiva, se suma hoy la bancarrota de los tres edificios públicos construidos junto al vial: el geriátrico, el instituto y la piscina.
Litigio por la tasación
El proyecto urbanístico contó con el apoyo de todos los grupos con representación municipal durante la apertura de información pública, en vísperas de 1997. Los primeros enfrentamientos políticos llegaron con la tasación de las expropiaciones. Los técnicos municipales valoraron el suelo a razón de entre 10,85 y 11,42 euros el metro cuadrado. La Junta Provincial de Expropiación tasó el terreno entre los 11,24 y 13,22 euros.
El Tribunal Superior de Justicia multiplicó por cien ese precio en el auto emitido el año pasado, que fijó las cuotas individuales a cada afectado por primera vez, entre los 1.200 euros el precio del metro cuadrado de suelo urbano y en 429,68 euros el precio del metro cuadrado de tipo urbanizable.
El fallo definitivo continúa en marcha tras un sinfín de recursos por ambas partes. Los primeros del lado municipal llegaron con el PSPV y el Bloc en el gobierno local, en 2002. El PP hizo frente al pago de 368.000 euros repartidos entre 17 propietarios al pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2004, cuando el IES Vila-roja, uno de los tres edificios construidos al amparo del plan urbanístico, todavía lucía el nombre provisional: "número 2". Ocho años después de aquella fecha, el Vila-roja inició 2012 con polémica: uno de sus alumnos fue expulsado el pasado enero por publicar en una red social una fotografía de sus compañeros tapados con mantas. Denunció en Internet la falta de calefacción por la deuda de la Generalitat y abandonó el aula por imperativo de la directora, que le readmitió ante la orden del inspector de Educación.
Los apuros económicos se manifestaron en las mismas fechas en la piscina municipal, construida en la manzana anexa al instituto.
El déficit de la piscina
Al cierre de 2011, el equipo de gobierno anunció una subida de los precios para hacer frente a una deuda superior a los 480.000 euros. El déficit del 51,1 % que arrastra la instalación motivó a sus responsables a encarecer los servicios en 2011 para compensar el desequilibrio, aún manteniendo subvenciones de entre el 27 y el 79 % en función de la tarifa. La primera quincena del año con los nuevos precios en vigor se saldó con un tercio de socios menos.
El último edificio público de la avenida Generalitat en publicitar su lastre económico fue el geriátrico, construido en el extremo del vial más cercano al casco urbano. La residencia de ancianos Vicente Vilar arrastra un déficit de 902.000 euros, según trasladó la presidenta del consejo de administración, Inmaculada Esteller, al resto de miembros en una reunión celebrada días atrás.
El consistorio sostiene que el Consell debe más de 700.000 euros al centro, un extremo que niega esta administración. Mientras, las dos bajas de empleados no se cubrirán, otros dos trabajadores perderán su puesto y un quinto empleado reducirá su jornada. Es la última víctima de la ruina económica generada en la avenida que lleva el nombre de la administración autonómica.
