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Las cosas han ido de mal en peor para el Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos de Castelló desde que hace tres años denunciara un posible fraude a 39 familias que acudieron a un mítin del PP en Valencia con la falsa promesa de un puesto de trabajo. Después de aquella denuncia, las subvenciones públicas dejaron de llegar y ahora la situación se ha agravado con dos sanciones de la Inspección de Trabajo, que llevan aparejadas multas por importe de unos 73.000 euros. La asociación debe personarse el próximo 12 de julio en el juzgado y no tiene recursos para pagarse un abogado.
El Centro Integral ocupó las portadas de los medios cuando denunció que un intermediario de Burriana les había prometido trabajo en la campaña de recogida del ajo a cambio de apoyar a Mariano Rajoy en un acto político en la plaza de toros de Valencia. La promesa laboral nunca se cumplió y la asociación emprendió acciones legales contra el empresario.
Después de aquello, las cosas se torcieron para el colectivo, que tiene 400 personas asociadas y que prestaba asesoramiento jurídico y laboral a los sudamericanos residentes en Castelló. El grifo de las ayudas públicas se cortó y hubo que cerrar la sede porque no había dinero para pagar el alquiler. Lo peor llegó cuando tres inspectores de Trabajo se personaron en la asociación y empezaron a llegar actas de infracción. Una de ellas lleva a aparejada una sanción de 25.000 euros por no haber dado de alta debidamente a varios jornaleros que trabajaron en la campaña de la naranja. La asociación se defiende y asegura que fue engañada por una empresa de Sagunt. La segunda tiene que ver con el personal que prestaba asesoramiento en la sede del Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos. La Inspección de Trabajo denunció que estas personas no estaban registradas mientras el colectivo afirma que eran voluntarios. El próximo 12 de julio, se dirimirá el caso en el juzgado de lo Social de Castelló. El presidente de la entidad, Luis Almeida, afirma que no disponen de recursos para pagar el abogado y no tiene derecho a uno de oficio "porque la asociación no está declarada de utilidad pública". Por ello, pide la colaboración de otros colectivos para que le presten asistencia legal.
Almeida se defiende y afirma que "si algo hemos hecho mal, ha sido un error administrativo y no hemos perjudicado a nadie". Incide en que "las cosas nos han ido de mal en peor" desde que denunciaron el engaño del mítin del PP. "Quedamos estigmatizados y nadie nos apoya", concluye.
