El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó ayer el recurso presentado por la empresa Ocide Construcción S.A. que obliga a la Generalitat Valenciana a pagar 83.262 euros más los intereses acumulados desde diciembre de 2009, por el retraso en los pagos de las obras del IES Vila-Roja de Almassora.
La empresa constructora resultó adjudicataria de obras para garantizar una mayor estabilidad del edificio, así como mejorar sus condiciones de aislamiento térmico y acústico del instituto de Almassora. Unas actividades por las que se emitieron cuatro certificaciones de obra que fueron pagadas tardíamente por parte del gobierno autonómico.
Por estos motivos, la empresa adjudicataria reclamó los intereses de dicha cantidad, que ascendían a 83.262 euros. El recurso fue inicialmente desestimado en Castelló, aunque ha sido ahora escuchado en los tribunales autonómicos. El fallo judicial no solo obliga al Consell a asumir el pago de esta cantidad, sino que también tiene en cuenta los intereses que han generado estos retrasos desde el 4 de diciembre del año 2009, fecha en que se interpuso la demanda.
Este cambio de decisión del tribunal de la Comunitat Valenciana viene generado por la contradicción que generan dos leyes sobre este mismo asunto. Mientras el texto legal autonómico contiene cláusulas que impedían estimar el recurso presentado, la directiva del Parlamento Europeo lo hacía viable. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia ha concedido prioridad a la directiva europea.
Carreteras de Castelló
La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo de la Comunitat también estimó ayer el recurso presentado por UTE Castelló Norte, que exige a la Generalitat Valenciana el pago de 44.565 euros en intereses por el retraso en el pago del contrato de obras de reparación y adecuación de los Itinerarios y carreteras de la CIT Castelló Norte. Además, el fallo contempla los intereses generados desde la presentación de la denuncia en diciembre de 2009.
