El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha notificado al Ayuntamiento de Almassora, al Consell y a los afectados el auto en el que obliga a pagar las indemnizaciones por la expropiación de la avenida Generalitat en un plazo de seis meses. La sala desestima la propuesta del consistorio de hacer frente a los pagos en 15 anualidades y obliga a esta parte a pagar 7,8 millones de euros (el 75 % de la retribución) y alrededor de 2,6 millones (el 25 % restante) al Gobierno valenciano en medio año.
El Ayuntamiento de Almassora presentó un escrito en septiembre de 2012 manifestando que le resultaba "imposible el cumplimiento de la sentencia" mediante el pago de cerca de 7,8 millones de euros. En el mismo documento propuso un plan de pago a 15 años, más los intereses correspondientes estimados en un 4 % anual aproximado. Así lo reflejó en los presupuestos de 2013. También recurrió el abogado de la Generalitat para reducir los costes de la anulación del Plan Especial para la Reserva de Suelo (PERS) de 1997.
Ahora la sala de lo contencioso-administrativo acuerda la ejecución forzosa de las sentencias dictadas hasta la fecha, ordenando a las dos administraciones condenadas a pagar las cantidades reseñadas en enero de 2012 en el plazo máximo de seis meses tras la notificación a las partes. En caso de incumplir el fallo, el tribunal podrá incrementar en dos puntos los intereses, según se recoge en el auto.
Las cantidades podrían variar para una parte de los afectados que recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que la indemnización fijada en la sentencia era insuficiente. Además, tal y como explican las partes, cabe interponer recurso contra el auto, si bien la sala ordena ejecutar los pagos a los 13 afectados en los términos señalados. Así, los vecinos expropiados cobrarán el precio revisado del suelo 16 años después de perder los terrenos para la construcción de la piscina cubierta, el IES Vila-roja y la residencia de la tercera edad.
