Los planes de recortes de la Generalitat apuntan directamente a la gratuidad universal del sistema de atención de discapacitados, una de las principales patas del sistema de atención social. El Consell planea introducir un copago de entre un 60 a un 90 % y reducir un 10 % las subvenciones en 2013, según advierten las asociaciones sociales de Castelló.
Las personas con discapacidad cuentan en la mayoría de los casos con una pensión no contributiva que oscila de los 200 a los 400 euros mensuales y los servicios asistenciales que disponen en un centro de día o ocupacional son asumidos hasta ahora por las administraciones públicas. Esta red asistencial se ha ido desarrollando en los 30 años de democracia gracias al empuje de las familias y al dinero público y las medidas de ajuste se presentan como una grave amenaza.
La Conselleria de Bienestar Social quiere corresponsabilidad de los discapacitados por la delicada situación financiera de sus arcas y el copago propuesto inicialmente obligaría a los usuarios a destinar hasta el 90 % de su pensión, según el tejido asociativo.
"Tendrán que aportar 300 de los 400 euros a un centro de día", alerta Miguel Benages, presidente de la ONCE en Castelló. Este nuevo modelo de financiación dividiría a los discapacitados en función de la disponibilidad económica de sus familias y dejaría en el aire la igualdad de oportunidades. La Generalitat seguirá sosteniendo a las personas con escasos recursos, pero las familias de clase media, algunas de las cuales se encuentran en paro, tendrán verdaderas dificultades para poder costear los programas de atención de sus hijos o allegados. "Las personas discapacitadas se quedarán sin recursos para su vida personal", apunta Carlos Laguna, presidente de Cocemfe-Castelló.
Las entidades sociales se han agrupado bajo el paraguas de la coordinadora de las asociaciones de personas dependientes de Castelló (Cermi) a fin de presionar de forma conjunta ante la Administración autonómica. Y ante el primer drástico recorte propuesto por el Consell, Cermi prevé presentar una contrapropuesta en la que reclamará mantener la gratuidad en la red de discapacitados y centrar los ajustes en otras partidas que consideran menos necesarias. Representantes de la plataforma continúan negociando la reforma del modelo de financiación en una comisión de la Conselleria de Bienestar Social, pero todo hace indicar que los planes del ejecutivo de Alberto Fabra son inamovibles.
El único punto que parece que el Gobierno valenciano está dispuesto a transigir es con el copago de un 40 % que acaba de aprobar para los medicamentos destinados a los discapacitados. La Conselleria de Sanidad estudia recuperar el artículo derogado del Estatuto del Discapacitado que incluía este derecho y eliminar dicha obligación, según la mismas fuentes de Cermi.
20 % de recorte en tres años
Y la introducción del copago en la red asistencial no será el único tijeretazo que medita el Consell. Las asociaciones sociales consideran que las ayudas de las Conselleria de Bienestar Social y Sanidad caerán este año un 10 % y denuncian que en los últimos tres años han bajado un 20 %. Bienestar Social ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones de 2013, mientras no se tienen noticias de las partidas de Sanidad, que financia programas de drogodependencia o de Sida. Cermi urge que se concreten las ayudas de 2013 y 2014. La Conselleria de Bienestar Social se ha marcado el pago de la deuda de años anteriores y es por ahora lo único que ha hecho.
