El Congreso aprobó el miércoles, con el apoyo del PP y la abstención de CIU, la ley de evaluación ambiental, que regulará el control de la polémica técnica del "fracking" y que ha sido rechazada por el resto de la oposición por "centralizadora" y por "colar de rondón" el reciente acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura.
La futura norma, que fue remitida ayer al Senado, incluye como novedades el control ambiental de la fractura hidráulica o "fracking" y la tipificación expresa de infracciones como el "bunkering", que es el suministro de combustible de barco a barco en alta mar. Asimismo plantea que los estudios de impacto ambiental incorporen expresamente la peligrosidad sísmica e inducida.
La oposición ha tachado además la ley de "paso atrás" por su planteamiento de acortar los plazos de análisis medioambiental y porque fija umbrales "poco exigentes".
